Demandas en EU tardarían más de un año para resultados

La presentación de denuncias penales en tribunales de Estados Unidos por la muerte de al menos 17 mexicanos a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), es una medida tardía pero que se convierte en las más idónea para el gobierno mexicano en su intento de frenar los abusos y la violencia de la que son víctimas los connacionales en el país vecino, aunque los resultados tardaría más de un año en verse, coinciden especialistas.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum formalizó ayer la presentación de denuncias penales ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de 17 mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE. El caso más reciente es el asesinato a tiros de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes en Houston, Texas.

A estas medidas se presumen también la presentación de demandas civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención, y las cartas diplomáticas que se han enviado al país vecino por estas muertes.

Sandra Álvarez Orozco, directora de Sin Fronteras IAP México, sostuvo que estas medidas penales son la forma más viable para que el gobierno se haga escuchar, debido a que la vía política y diplomática, no ha funcionado con Donald Trump en la presidencia de EU.

“Ya tienes a México con más de 11 notas diplomáticas que ha enviado hacía Estados Unidos sin ninguna respuesta y los casos de muertes en estas estaciones o estancias de detención migratoria en EU siguen ocurriendo, hay cientos de personas violentadas de sus derechos, que han perdido la vida y en muchos casos pues casos de suicidio”, dijo.

No obstante, sostuvo que aunque la vía jurídica es lo más ideal, el Gobierno Mexicano se tardó en aplicarla a la par de las negociaciones diplomáticas; incluso consideró que temas como la llegada de nuevo canciller, las negociaciones del tratado de libre comercio, quizá obstaculizaron un poco la decisión de llegar a tomar este tipo de medidas. Aunado a que lamentó que el tema migratorio para México “no es prioritario y por lo tanto eso siempre pasa a segunda o tercera línea de entrada”.

A su vez, la experta advirtió que este tipo de acciones también cuentan con ciertos inconvenientes, como el hecho de que son procesos que pueden tardar entre 6 a 18 meses para obtener alguna resolución.

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, coincidió que el éxito de estas denuncias penales va a depender del seguimiento y el esfuerzo que ponga el gobierno mexicano, pues en materia diplomática el país se estancó.

Insistió que el hecho de meter estas denuncias “con buenos abogados, el dar un seguimiento, un acompañamiento, el llevarlo hasta las últimas consecuencias por la vía legal, sí es importante y puede dar mejores resultados de lo que hasta hoy hemos tenido”.

Asimismo, sostuvo que este tipo de juicios pueden tardar más de un año, ello al recordar el caso de Alcatraz de los Caimanes, la cual tras un largo litigio una Corte Federal decidió que no podía funcionar como cárcel porque no cumplía con los requisitos.

“Donald Trump es un personaje que no es confiable, es un personaje con el que pocos acuerdos diplomáticos se pueden cumplir. Entonces, yo creo que sí estamos frente a una situación pues distinta a la que hemos estado (…) la vía legal es la primera que puede tener un resultado también práctico”, dijo.

Batalla de ONG

No es la primera vez que el ICE es blanco de demandas civiles y penales, puesto que en EU diversas organizaciones sociales como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Coalición Inland por la Justicia de los Inmigrantes (ICIJ), la Fundación de la Unión Americana por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de California Irvine, y Munger, Tolles, & Olson LLP (MTO) entre muchas otras, han emprendido diversos juicios colectivos para que los tribunales declare que las políticas y prácticas de ICE son ilegales, y ordene que cambie sus políticas y prácticas de forma específica.

Apenas en mayo pasado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Human Rights Watch y el bufete de abogados Farella Braun + Martel LLP, demandaron al ICE por las condiciones inhumanas en Camp East Montana, un enorme campamento de detención de inmigrantes ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso, siendo la primera demanda contra el centro de detención de inmigrantes más grande de EU.

Asimismo, otras organizaciones han presentado demandas civiles contra las empresas penitenciarias privadas como GEO Group y CoreCivic, que contrata del ICE para encarcelan a migrantes y obtienen millones de dólares en el proceso. Según la ACLU, el 90% de las personas detenidas por el ICE se encuentran en instalaciones propiedad de empresas penitenciarias privadas o gestionadas por ellas.

En este sentido, una de las pocas victorias que han tenido las organizaciones es el reciente cierre del centro de detención de Everglades, cruelmente apodado "Alcatraz de los Caimanes", una instalación construida apresuradamente en una pista de aterrizaje abandonada en medio de los humedales de Ochopee. Fue edificada con tiendas de campaña y remolques de mala calidad, y está rodeada de caimanes, pitones, mosquitos y zonas pantanosas, con un grave riesgo de inundaciones peligrosas.