Ley 3 de 3 contra la violencia avanza en comisiones de la Cámara de Diputados

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló la llamada ley “3 de 3 contra la violencia”, la cual busca suspender los derechos para ocupar cualquier cargo público a personas agresoras con sentencia firme, así como aquellas deudoras de pensión alimenticia.

Con 33 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, la Comisión aprobó el proyecto encabezado por diputadas integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

“Elevar a rango constitucional la medida “3 de 3 contra la violencia”, y establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público; otorgaría certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, y representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres”, señala el proyecto.

Durante la discusión también se avaló una modificación presentada por la diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI) al artículo 38, para incluir una fracción VII, que señala con claridad cuáles son los supuestos en los que se suspenden los derechos de quienes se encuentren en estas condiciones.

Por lo anterior, se indicó que la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, será por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Asimismo, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La norma también establece que no podrán ser abanderados los sentenciados “por estar prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión”.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) dijo que es una iniciativa elaborada de manera plural, para dejar en claro que el Estado debe poner cartas sobre la violencia contra las mujeres y asumir que es un problema generalizado y que no se excluye a ningún poder; se norma que ningún agresor acceda a la función o servicio públicos e incluye a la persona deudora alimentaria morosa.

La diputada federal Blanca Alcalá Ruiz (PRI) señaló que la iniciativa 3de3 se trata de una medida disuasoria para que quienes tengan antecedentes como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género no puedan aspirar a ninguna función pública o cargo de elección popular, e indicó que este proyecto se llama 3de3, porque aborda tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y su aplicación incluye al gobierno federal, estados y municipios.

Del PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez expresó que la finalidad es que ninguna persona violentadora acceda al poder público, por lo que llamó a las y los legisladores a que por unanimidad se apruebe en el Pleno. Aplaudió el trabajo del grupo plural y de los colectivos “para que las personas agresoras no estén en los espacios de poder y como personas servidoras”.

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), mediante zoom, argumentó que la sociedad civil recogió preocupaciones en la materia “haciendo hincapié en que una persona agresora en el ámbito privado, también lo es en el público; se deben poner límites; contempla la perspectiva de la familia al incluir a los deudores alimentarios y abona a los derechos de las mujeres”.

Desde la plataforma digital, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) resaltó que el dictamen no solo es un avance para las mujeres, sino para la sociedad, para que los agresores, sean mujeres u hombres, no lleguen a puestos de representación, del servicio público o tomen decisiones.

Este dictamen fue enviado a la Mesa Directiva y se prevé sea votado este martes por el Pleno de San Lázaro.

kg