La lógica mafiosa de las guerras arancelarias de Trump

WASHINGTON, DC—En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha convertido la extorsión y la coacción en elementos centrales de la política estadounidense, recurriendo a aranceles, sanciones y otras formas de presión económica tanto contra adversarios como contra aliados. Con cada día que pasa, el daño causado por este enfoque de estilo mafioso —tanto para la economía estadounidense como para la mundial— se hace cada vez más evidente.

Poco después de regresar a la Casa Blanca, Trump dejó claro que consideraba los aranceles como armas más que como instrumentos de política comercial. En abril de 2025, dio a conocer sus aranceles del "Día de la Liberación", imponiendo elevados gravámenes específicos por país a las importaciones. El objetivo declarado era reducir el déficit comercial de Estados Unidos, aunque los tipos estaban en gran medida desvinculados de la realidad económica. En cambio, estaban diseñados para obtener concesiones: los países dispuestos a reducir sus propias barreras comerciales, prometió la administración, serían recompensados con una reducción de los aranceles estadounidenses.

En la práctica, sin embargo, estas medidas generaron una enorme incertidumbre, perjudicando tanto a exportadores como a importadores. El comportamiento errático de Trump agravó el problema, ya que los tipos arancelarios se anunciaban, suspendían, restablecían y aumentaban repetidamente sin previo aviso y sin una justificación coherente.

La confusión se agravó cuando los tribunales comenzaron a oponerse. En febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que Trump había excedido la autoridad arancelaria que le confería la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. A principios de este mes, el Tribunal de Comercio Internacional siguió su ejemplo, anulando su intento de imponer un arancel general del 10% a las importaciones procedentes de casi todos los países en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Como era de esperar, la Administración Trump ha recurrido la sentencia y ha declarado que buscará otras formas de mantener sus aranceles. Ya ha iniciado procedimientos contra 16 países acusados de incurrir en prácticas comerciales desleales. Pero dado que el Tribunal Supremo se muestra cada vez más escéptico ante los intentos de Trump de gobernar por decreto ejecutivo, puede que le resulte difícil imponer el tipo de régimen arancelario generalizado que lleva tanto tiempo imaginando.

Aun así, Trump ha logrado convertir los aranceles en una especie de chantaje, utilizando las negociaciones comerciales para presionar a sus socios comerciales —entre ellos Japón, Corea del Sur, Taiwán, Arabia Saudí y la Unión Europea— para que inyecten enormes sumas en la economía estadounidense.

Los acuerdos con Japón y Corea del Sur ilustran la naturaleza de la diplomacia arancelaria de Trump. Su administración apuntó a ambos países imponiendo un arancel del 25% sobre sus exportaciones de automóviles, un pilar de sus economías. El arancel japonés se elevó posteriormente al 27.5% y luego se redujo al 15% después de que Japón aceptara importar más productos agrícolas estadounidenses, incluido el arroz, y comprometerse a invertir 550,000 millones de dólares para "reconstruir y expandir industrias estadounidenses clave", como los semiconductores, los productos farmacéuticos y la construcción naval.

Como un mafioso experimentado, Trump trató de enfrentar a un país contra otro, utilizando el acuerdo con Japón para presionar a Corea del Sur a invertir 350,000 millones de dólares en EU a cambio de reducir su tipo arancelario al 15%. Dada la dependencia de Corea del Sur del paraguas de seguridad estadounidense, su parlamento aprobó a regañadientes una ley que establecía un fondo para financiar estas inversiones. Aún así no fue suficiente: en enero, Trump volvió a subir los aranceles sobre los productos surcoreanos al 25% tras acusar al país de no cumplir sus compromisos.

La reticencia de Corea del Sur no era de extrañar. En virtud del acuerdo, Estados Unidos controlaría de hecho cómo se asignan los fondos surcoreanos, con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, al frente de un comité de inversión que seleccionaría los proyectos y los presentaría a Trump para su aprobación.

Las inversiones en sí mismas tampoco tienen mucho sentido desde el punto de vista económico. Si fueran realmente rentables, las empresas privadas las llevarían a cabo por su cuenta. En cambio, muchas de las industrias seleccionadas son precisamente aquellas en las que los costes de producción de EU son muy superiores a los de los competidores extranjeros. La construcción naval, una industria en la que Corea del Sur es líder mundial, es un ejemplo paradigmático.

Sin duda, la rentabilidad depende de mucho más que de una producción eficiente. Los impuestos, las subvenciones y otras políticas gubernamentales también importan. Pero una vez que el capital extranjero se dirige hacia empresas favorecidas políticamente, la línea entre la libre empresa y el clientelismo industrial respaldado por el Estado desaparece.

La extorsión no se detiene ahí. Una vez devueltos el principal y los intereses, el 90% de los beneficios restantes iría a parar a Estados Unidos, a pesar de que este no haya aportado nada de la inversión inicial. También quedan sin respuesta preguntas clave: ¿Cómo se harán cumplir estos acuerdos? ¿Cuánto dinero público acabará canalizándose hacia empresas privadas? ¿Y se someterán los propios proyectos a algún análisis serio de coste-beneficio?

Según cualquier definición razonable, no se trata tanto de acuerdos de inversión como de pagos de tributos o, peor aún, de soborno. Además, no está nada claro que Corea del Sur, o cualquier otro país, pueda asumir compromisos de esta magnitud sin sufrir graves daños económicos.

La ironía es difícil de pasar por alto. Trump ha justificado sus aranceles como una forma de reducir los déficits comerciales y por cuenta corriente de Estados Unidos. Sin embargo, si se materializan estas masivas entradas de inversión, es probable que fortalezcan el dólar, aumenten las importaciones netas y amplíen los mismos déficits comerciales que su régimen arancelario pretendía, en teoría, combatir.

Peor aún, el enfoque de Trump envía un mensaje contundente a las empresas estadounidenses y a los gobiernos extranjeros de que Estados Unidos ya no se adhiere a los principios del libre mercado. En cambio, está cada vez más dispuesto a utilizar su poderío económico para extraer recursos de países más débiles amenazándoles con aranceles. Una vez que el favoritismo político sustituya a la competencia de mercado como principio organizador del comercio internacional, las distorsiones resultantes no pueden sino repercutir en toda la economía mundial.

Anne O. Krueger, ex economista jefe del Banco Mundial y ex primera directora gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora sénior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y miembro sénior del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.