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Fratrías criminales e impunidad
Lucía Melgar | Transmutaciones
La impunidad de los poderosos es un peligro para la democracia, para los derechos humanos y para el mundo. Como señaló Naomi Klein en una conversación con Ezra Klein acerca del mundo actual (NYT podcast, 20.III.2006), el caso Epstein ilumina las redes subterráneas entre billonarios, políticos, académicos y celebridades que han logrado contaminar o dominar la esfera política y social de Estados Unidos y contribuido a crear un mundo donde la difusión de conspiraciones aberrantes busca ocultar conspiraciones secretas reales. La autora de “No Logo” y “La Doctrina del Shock” subraya que los poderosos, en particular los billonarios, se sienten por encima de las normas y, en consecuencia, actúan como quieren, confiados de que nadie se atreverá a pedirles cuentas.
En América Latina, las dictaduras nos han demostrado que ese sentimiento de impunidad va de la mano con el autoritarismo y la violación de derechos humanos. Aunque en algunos países, como Argentina, los regímenes democráticos lograron después enjuiciar a las juntas, dictadores como Pinochet o Franco murieron sin rendir cuentas y muchos de sus cómplices quedaron sin castigo.
En este siglo, el afán de dominación y el desprecio por los límites legales o éticos ha llevado a otros gobernantes corruptos y autocráticos, como Netanyahu y Trump, a cometer crímenes de guerra sin temor a represalias: para ellos, el derecho internacional es letra muerta y sólo vale el recurso de la fuerza, como afirmara Steven Miller, principal consejero de Trump.
Como han señalado Klein y otros comentaristas, el caso Epstein revela los vasos comunicantes ocultos entre la dinámica política visible y las fratrías coludidas para enriquecerse más, acumular más poder, moldear el mundo a su antojo y cometer crímenes a costa de quienes carecen de poder. Los riesgos para la democracia que implican estas conexiones son ya patentes en el Proyecto 2025 que se está implementando en Estados Unidos y que sus autores buscan ampliar al resto del mundo, mediante una alianza de partidos y gobiernos de derecha y la difusión de propaganda nacionalista cristiana.
En México poco se ha hablado de las posibles conexiones de Epstein y sus seguidores en nuestro país. En redes y medios de Chihuahua, sin embargo, se han difundido algunas notas que sugieren potenciales vinculaciones entre el Rancho Zorro, que el magnate pederasta adquirió en Nuevo México en 1993, y el feminicidio en Ciudad Juárez, que empezó a manifestarse en 1993-1994. A reserva de explorar en otra columna los hallazgos de la actual investigación que la fiscalía de Nuevo México lleva a cabo en ese rancho, cabe preguntarse si las autoridades mexicanas han prestado alguna atención a este caso. Más aún, dado que también en México han salido a la luz denuncias (formales o no) contra redes de pederastia al interior de iglesias (La luz del Mundo y la Católica) o redes de trata ligadas a personajes con poder (como la secta internacional NXIVM, cuyo fundador en EU fue detenido en 2018), el caso Epstein debería también prender las alarmas entre nuestro país.
Las principales víctimas de Epstein son las niñas y mujeres que fueron atrapadas y explotadas en ese círculo infernal de violencia sexual y psicológica. No son “daño colateral”, son víctimas directas de quienes participaron en su explotación y en los intercambios de información, contactos, contratos y dinero con Epstein y su red. Si no fuera por las denuncias de estas niñas y mujeres, sería más fácil archivar el caso, como pretenden algunos de los más poderosos (presuntos) involucrados. Ellas, más que nadie, merecen justicia.
En términos más amplios, el caso Epstein está demostrando la amenaza política, económica y social que implica la participación (abierta o soterrada) en el ámbito político de fratrías poderosas que toman o manipulan el ámbito gubernamental. Preservar algún atisbo de democracia, exige entonces investigar las redes criminales (denunciadas formalmente o no) y acabar con la impunidad que se arrogan – y reciben.