El costo oculto del precio justo

La tortilla es uno de los bienes más transversales del consumo mexicano. No pertenece solo a los hogares de menores ingresos ni desaparece conforme aumenta el ingreso. Según la ENIGH 2024, el consumo promedio semanal por hogar es de 3.2 kilos. Por decil de ingreso, se mantiene relativamente estable a lo largo de casi toda la distribución: pasa de 2.35 kilos semanales en el primer decil a más de 3.5 kilos en varios deciles medios, y solo cae con claridad en el decil de mayores ingresos.

Esa transversalidad explica su sensibilidad política. Cuando sube el precio de la tortilla, el impacto no se limita a un grupo reducido: se vuelve cotidiano, visible y costoso para cualquier gobierno. Por eso, ante amenazas de aumentos y protestas de productores de maíz, el gobierno respondió con el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco “Precio Justo”, orientado a asegurar compras anticipadas, privilegiar producción nacional y construir precios considerados “justos”. El esquema involucra a productores, harineras, comercializadores, nixtamalizadores e industrias pecuarias.

El objetivo puede parecer razonable: proteger al productor, dar certidumbre a la cadena y evitar más presión sobre la tortilla. El problema no es reconocer su importancia social, sino suponer que la estabilidad de precios puede lograrse sin costo.

Un precio estable no elimina las tensiones de una cadena productiva: las redistribuye. Si se busca que el productor reciba mejor precio, que los compradores tengan certidumbre y que el consumidor no pague más, alguien debe absorber la diferencia: el erario mediante subsidios, los comercializadores y tortilleros con menores márgenes, los consumidores más adelante o el sistema mediante restricciones que reduzcan la competencia de otras fuentes de abasto, incluidas las importaciones.

La expresión “precio justo” es políticamente atractiva, pero económicamente ambigua. ¿Justo para quién? ¿Para el productor con costos crecientes, para el comprador que compara con precios internacionales, para el tortillero que enfrenta aumentos en energía, renta y salarios, o para el consumidor que quiere una tortilla más barata? Un mismo precio no puede maximizar al mismo tiempo el bienestar de todos. Si se intenta por acuerdo, el resultado puede ser menor eficiencia y una redistribución poco transparente de costos.

Además, la estabilidad puede generar ineficiencias. Si un precio administrado se separa de las condiciones reales de oferta, productividad, logística y demanda, los agentes pueden tomar decisiones que no reflejan los costos efectivos de producir, importar, almacenar o transformar el maíz. Así puede sostenerse producción cara sin corregir sus causas, desalentarse la búsqueda de proveedores alternativos, preservarse márgenes intermedios o estabilizarse el precio visible al consumidor mientras los costos se acumulan en otra parte de la cadena.

También existe un riesgo de coordinación. Las guías y recomendaciones de competencia suelen advertir que el intercambio de información entre competidores puede reducir la incertidumbre estratégica que disciplina la rivalidad y producir resultados supracompetitivos. La preocupación aumenta cuando la información es sensible, actual o prospectiva: precios, volúmenes, compras, inventarios, capacidad, costos o planes comerciales. En ese contexto, cuando el Estado reúne a actores relevantes, promueve compras anticipadas, ordena información y legitima una referencia de “precio justo”, puede reducir incertidumbre, pero también crear un punto focal alrededor del cual los participantes ajusten expectativas y decisiones.

La presencia de la autoridad de competencia puede contribuir a incorporar salvaguardas desde el inicio. En particular, debería ayudar a distinguir entre información necesaria para fines de política pública e información comercialmente sensible. Su participación debería traducirse en reglas claras sobre qué información puede compartirse, con qué nivel de agregación, bajo qué controles de confidencialidad y cómo se evitará que el “precio justo” opere como referencia común para coordinar decisiones comerciales.

La advertencia no es solo teórica. La cadena maíz-tortilla no parte de condiciones competitivas perfectas. En 2024, la entonces Cofece —hoy sustituida por la CNA— emitió un dictamen preliminar en el que identificó ausencia de condiciones de competencia efectiva en regiones específicas de mercados vinculados con harina de maíz nixtamalizado, así como participaciones relevantes de Gruma, además de recomendar medidas para restaurar la competencia.

Ese antecedente importa porque el precio del maíz no se traduce mecánicamente en el de la tortilla. Entre el productor y el consumidor hay comercialización, almacenamiento, financiamiento, harina, masa, energía, tortillerías y márgenes. Si algunos eslabones tienen poder de negociación o problemas de competencia, estabilizar el precio del grano no garantiza que el beneficio llegue al consumidor. El acuerdo puede estabilizar relaciones en la cadena sin corregir las fuentes de ineficiencia.

La tortilla merece atención pública. Su importancia social no está en duda. Cualquier intervención en su cadena debe pasar una prueba exigente: explicar quién paga la estabilidad, qué incentivos genera, qué costos oculta y cómo evita sustituir competencia por coordinación administrada.

Un precio justo puede sonar bien, pero ¿puede funcionar bien?

*Profesor universitario y economista especializado en análisis económico aplicado a litigios, competencia y regulación.