El problema no son las concesiones aeropuertarias

La semana pasada, el gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación desencadenó un capítulo más de la interminable saga contra la certidumbre económica, esta vez en contra de los concesionarios aeroportuarios. El gobierno, quizá partiendo de motivaciones justificadas, pero de forma burda y torpe, da un golpe al marco institucional que permite crear un ambiente de certidumbre económica fundamental para las inversiones.

El miércoles pasado, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), se notificó a los tres grupos aeroportuarios –ASUR, OMA y GAP– que se modificaban de inmediato los términos de las bases de regulación de los títulos de concesión de sus aeropuertos. Al día siguiente, las acciones de las tres empresas se desplomaron de forma dramática: OMA 26.25%, GAP 20.38% y ASUR 16.52 por ciento.

Desde la privatización de los aeropuertos en 1998, aunque el gobierno mantuvo una posición accionaria, la operación y administración de estos pasó a empresas privadas reguladas por el Estado. Dentro del modelo regulatorio, uno de los componentes más importantes es la Tarifa Máxima Conjunta (TMC) que viene de la Tarifa de Uso Aeroportuario, la famosa TUA y los servicios regulados. El reciente decreto anunció modificaciones en la determinación de la TMC, incluyendo la periodicidad, tasa de descuento, plazos, reconocimiento de costos y actualización.

A pesar de mala redacción, este cambio podría tener mérito. Es una realidad que estos grupos aeroportuarios son exitosos gracias a una gestión eficiente e inversiones acertadas, pero también porque están en la parte más rentable de la cadena de valor, a diferencia de las aerolíneas. Si el objetivo era “reducir los costos de los servicios aeroportuarios que impactan en el costo de los boletos de avión, en beneficio de los usuarios”, no está mal revisar las Bases de Regulación Tarifaria, pero la forma unilateral del anuncio provocó una caída en las acciones y aunque se han recuperado parcialmente, están muy por debajo de donde se encontraban.

Más allá de esto, es importante observar cómo este gobierno atenta contra la certidumbre económica. Las instituciones, formales e informales, definen las reglas del juego económico que permiten a los actores evaluar riesgos e inversiones. Cambiarlas no es necesariamente malo, pero debe hacerse mediante un proceso consensuado con los actores económicos para evitar sorpresas como esta. Estas noticias no solo afectaron a los concesionarios, sino que tuvieron repercusiones en la economía y ponen en riesgo inversiones actualmente siendo evaluadas en México. Basta imaginar a cualquier fondo que esté evaluando inversiones relacionadas a empresas estatales, concesiones o sectores regulados para pensarlo dos veces. Si el gobierno cambia las reglas de la noche a la mañana, los riesgos aumentan significativamente.

Estamos en el ocaso de este sexenio y las encuestas sugieren que habrá continuidad en el partido en el gobierno. Todo mundo habla del nearshoring y del nuevo momento mexicano, y sí hay grandes oportunidades. Pero más allá de los rumores de si estos cambios son otra moneda de negociación con los concesionarios para que ellos absorban los pasivos de los bonos del NAIM para liberar a la Marina de esa obligación a cambio de extender los títulos de concesión de los aeropuertos, es fundamental que el próximo gobierno entienda que este comportamiento errático daña la inversión y el crecimiento económico del país, y es mucho más relevante que incentivos fiscales, acertados, como los anunciados ayer.