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Nacional Monte de Piedad marca límite de negociación y apuesta por el arbitraje forzoso
Su estrategia se centra en desarticular la narrativa de la cúpula sindical, que encabeza Arturo Zayún.
El conflicto laboral que mantiene paralizadas las operaciones del Nacional Monte de Piedad ha llegado a una etapa determinante. Tras meses de huelga y un cruce constante de acusaciones, la administración de la institución ha dejado claro que su capacidad de flexibilidad financiera y operativa ha alcanzado el límite.
En entrevista con El Economista, Aldo Torres Villa, vocero y director de Relaciones Institucionales, sostiene que la oferta actual representa el esfuerzo máximo para garantizar la viabilidad de la institución sin vulnerar los derechos de los trabajadores, calificándola como la propuesta más generosa posible en el contexto actual.
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La estrategia de la institución ahora se centra en desarticular la narrativa de la cúpula sindical, que encabeza Arturo Zayún, y trasladar la resolución al terreno de la autoridad laboral mediante un arbitraje de forzoso cumplimiento. Esta medida busca romper el ciclo de rechazos sistemáticos que, según la administración, ha caracterizado la postura del sindicato frente a las seis ofertas previas de la institución y las tres propuestas de conciliación presentadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En el centro de la propuesta final para levantar la huelga, el Monte de Piedad ha puesto sobre la mesa un incremento salarial del 5.3%, proyectado para el proceso de revisión de octubre de 2025 (sic). Asimismo, ofrece reponer el proceso de boletinaciones al 50.5%, lo que se traduce en la asignación de 148 plazas de un universo de 293 en disputa.
Para la institución, estos números no son solo cifras, sino el umbral de lo que el modelo de negocio puede soportar para seguir cumpliendo con su misión social sin caer en una crisis de insolvencia a largo plazo.
La administración destaca que un juez federal ya emitió un amparo que declara la huelga como inexistente, argumentando que el sindicato violentó sus propios estatutos al no consultar debidamente a la base trabajadora antes del estallamiento. A pesar de este fallo, el conflicto se ha prolongado debido a los recursos de revisión interpuestos por el sindicato, una táctica que la institución interpreta como un intento de dilación que solo perjudica a los pignorantes y a los propios empleados que permanecen sin percibir salarios.
Torres Villa enfatiza que no existe una intención de modificar una sola coma del contrato colectivo de trabajo ni de eliminar prestaciones ganadas. El conflicto, desde la óptica patronal, radica en la resistencia de una cúpula que lleva 25 años en el poder y que rechaza mecanismos de crecimiento basados en el desempeño y la transparencia, prefiriendo mantener criterios de antigüedad y cercanía política.
Ante la negativa del sindicato de aceptar las vías tradicionales de conciliación y su reciente llamado a realizar foros públicos que la institución califica de distractores, el Nacional Monte de Piedad apela a la intervención de las autoridades laborales.
La apuesta por el arbitraje forzoso es, en última instancia, el reconocimiento de que la negociación bilateral está agotada. La institución se declara lista para acatar lo que la autoridad determine, bajo la premisa de que el costo social de mantener las puertas cerradas es ya incalculable.