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El órgano regulador, piedrita en el zapato de reforma en telcos
El gran dique que han hallado hasta hoy los cambios propuestos en telecomunicaciones, afirman diferentes actores, es la propuesta de desaparecer a la Cofetel.
A diferencia del texto original del Pacto por México, que establece el fortalecimiento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la propuesta de reforma al sector que se presentará hoy prevé la creación de un instituto federal de telecomunicaciones.
El Instituto sería autónomo y constitucionalmente estaría facultado para licitar, negociar y quitar concesiones; actualmente dichas acciones corresponden al Ejecutivo.
Dicho Instituto estaría conformado por siete comisionados incluyendo su Presidente, todos propuestos por el Presidente de la República pero propuestos por un comité que los evaluaría y estaría integrado por el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Las propuestas del Ejecutivo tendrían que ser ratificados por el Senado de la República.
Esta propuesta la impulsó desde el 2010 el entonces Senador Javier Corral y proponía la desaparición de la Cofetel y la creación en su lugar del Instituto Federal de las Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales como órgano regulador.
La propuesta del 2010, al igual que la de ahora, contempla que las concesiones, operación de frecuencias o bandas del espectro radioeléctrico, se otorgarán únicamente a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
En contraste con la propuesta que cuenta con el aval de legisladores del PAN y PRD, en febrero pasado, Javier Lozano, senador por el PAN y presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En ella propuso que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sea fortalecida, pero que continúe como un órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Que la Cofetel también pueda otorgar directamente concesiones en materia de telecomunicaciones -tal como está previsto- para radio y televisión, y de esa manera no dependa de la voluntad política de la Secretaría, sino solamente con el estricto rigor técnico.
Especialistas del sector han considerado como un error eliminar a la Cofetel.
Propuso, también, que la Cofetel sea el órgano que haga la declaratoria de dominancia en mercados relevantes y emita las disposiciones para su regulación.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que preside Gerardo Soria, también se pronunció en diversas ocasiones en contra de la creación de un instituto; ha considerado que el sector de las telecomunicaciones en México lo que requiere para su sano desarrollo es el fortalecimiento de la Cofetel.
Afirmó que no es conveniente para la economía nacional ni para el sano desarrollo de las telecomunicaciones la propuesta expresada por el PAN y PRD para desagregar de la administración pública la regulación de las telecomunicaciones y de la competencia económica.
En su momento, los comisionados integrantes del pleno de la Cofetel se han pronunciado por la necesidad de fortalecer al órgano regulador en vez de que éste sea sustituido por otro organismo.
Camino en contrasentido
PACTO POR MÉXICO PROPONE FORTALECIMIENTO DE LA COFETEL
La propuesta de reforma del sector de telecomunicaciones que tiene sus orígenes en el Pacto por México busca, entre otras cosas, elevar la competencia en el sector, equilibrar la participación en el segmento de radio y televisión, incluida la licitación de frecuencias de televisión, y fortalecer al órgano regulador.
En el ámbito de las telecomunicaciones, de acuerdo con lo firmado por las diversas fuerzas políticas en el Pacto por México, es necesario generar mucha mayor competencia en telefonía fija, celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida.
Por ello, la propuesta buscaría cambiar las reglas de operación en el mercado de televisión y, con ello, la distribución de la participación de las dos televisoras en el país con la licitación de frecuencias para dar paso a una nueva cadena nacional de televisión.
Adicionalmente, podría incluir la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas, que es lo que se conoce como must carry, así como la obligación de la televisoras abiertas de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga, el must offer.
La expectativa del nuevo gobierno, de la mano con el consenso de las principales fuerzas políticas, es combatir los monopolios en televisión, telefonía fija y móvil.
También prevé modificaciones a la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos.
Para ello también considera que se deberá potencializar el uso de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo, se contempla la regulación a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores.
Trascendió que la reforma podría modificar ocho artículos de la Constitución y leyes secundarias.
cjescalona@eleconomista.com.mx