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Ley de Rentas en CDMX cambiaría costos y operación de las inmobiliarias
La propuesta plantea limitar el cobro de pólizas jurídicas y otros gastos a los arrendatarios, cambios que podrían modificar los procesos de contratación y la distribución de costos en el mercado de alquiler
El mercado de alquiler en la capital podría enfrentar nuevas condiciones para propietarios e inquilinos.
La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles para la Ciudad de México podría modificar las condiciones de operación de las inmobiliarias, desde los gastos asociados con la contratación hasta los requisitos que los propietarios solicitan para rentar una vivienda, de acuerdo con un análisis de Santiago Morales, director general de MoradaUno.
En su análisis Ley de Rentas Justas CDMX: qué ya es ley y qué cambiaría, Morales advierte que la propuesta tendría consecuencias para los propietarios, pues implicaría “nuevas condiciones al establecer precios, solicitar respaldos y documentar sus operaciones”, cambios que también alcanzarían a los asesores inmobiliarios por los ajustes que tendrían que hacer en sus procedimientos de contratación.
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MoradaUno es una empresa mexicana especializada en servicios para el arrendamiento de vivienda, incluidos procesos de evaluación de inquilinos y formalización de contratos, un ámbito desde el cual Morales examina las implicaciones que las nuevas reglas podrían tener para propietarios e intermediarios.
Los gastos de contratación, bajo revisión
Uno de los cambios que permite dimensionar esa advertencia está en el artículo 23 de la iniciativa, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 14 de octubre, que busca impedir que los propietarios exijan a los inquilinos cubrir determinados gastos relacionados con la intermediación y formalización del arrendamiento.
El artículo establece: “En ningún caso la persona arrendadora podrá exigir a la persona arrendataria el pago de gastos por contratación de intermediarios para la elaboración del contrato de arrendamiento, consultas de historial crediticio, verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales, contratación de pólizas jurídicas u otros costos asociados a la intermediación o formalización del arrendamiento”.
La propuesta no prohíbe contratar pólizas jurídicas, pero sí impediría que el propietario obligue al arrendatario a pagar ese servicio y los demás conceptos incluidos en el artículo, lo que delimita los gastos que podrían exigirse al inquilino.
Este cambio se relaciona con las condiciones para establecer precios y documentar las operaciones que plantea Morales, ya que las inmobiliarias tendrían que revisar los conceptos que incluyen en sus procesos de contratación conforme a las disposiciones que finalmente se aprueben.
Garantías y respaldos para rentar
Las garantías son otro de los aspectos que Morales identifica entre las condiciones que podrían cambiar para los propietarios, quienes tendrían que revisar los respaldos que solicitan antes de celebrar un arrendamiento.
La iniciativa distingue la garantía de cumplimiento del depósito destinado a responder por daños o servicios pendientes, por lo que ambos conceptos tendrían funciones diferentes dentro de la relación contractual.
El planteamiento permite precisar el alcance de los cambios sobre los respaldos que menciona Morales, aunque no supone por sí mismo que desaparezcan las garantías ni la figura del fiador; los requisitos definitivos dependerán de la redacción que apruebe el Congreso capitalino.
Cambios para los asesores inmobiliarios
Las implicaciones también alcanzarían a los intermediarios, pues Morales plantea que los asesores tendrían que “revisar los procedimientos de contratación y orientar a sus clientes sobre las disposiciones aplicables”.
Además de los gastos y las garantías, la iniciativa propone un plazo mínimo de un año para los contratos de arrendamiento habitacional y su registro dentro de los 30 días posteriores a la firma, obligaciones que se sumarían a las condiciones que propietarios e inmobiliarias tendrían que considerar si el proyecto entra en vigor.
La propuesta también contempla sanciones por determinados incrementos de renta y la creación de una defensoría especializada en asuntos inquilinarios, medidas cuyo alcance dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso de la Ciudad de México.
Los cambios descritos por Morales corresponden a posibles efectos de una iniciativa que continúa en proceso legislativo, por lo que todavía no constituyen obligaciones vigentes para propietarios ni intermediarios.