La jornada laboral de 40 horas en México: Alcances, tiempos y desafíos

La reducción de la jornada de trabajo en México no obedece únicamente a una tendencia internacional que ya ha sido adoptada en distintos países, incluidos algunos de América Latina como Colombia y Chile. En el caso mexicano, esta propuesta se ha convertido, además, en una de las principales agendas, no solamente del gobierno federal actual, sino inclusive de un sector importante de la oposición.

De acuerdo con lo anterior y tal como seguramente recordarán, la presidenta inició su mandato con un discurso en el Zócalo capitalino en el que delineó su plan sexenal a través de 100 compromisos. Como era previsible, dentro de ese conjunto de objetivos ocuparon un lugar central diversos temas de derecho del trabajo. Entre los compromisos más relevantes destacaron:

• El aumento de los salarios por encima de la inflación
• Mejoras a las pensiones de las personas trabajadoras
• Seguridad social para trabajadores de plataformas digitales
• Instauración paulatina de la semana laboral de 40 horas

Sin embargo, la reducción de la jornada laboral no es una idea reciente ni exclusiva del nuevo sexenio. Desde la administración anterior el tema ha estado presente de manera constante en la agenda pública. No obstante, su avance no fue el esperado por las diferencias sostenidas entre los sectores empresarial, sindical y gubernamental, particularmente en lo relativo a sus implicaciones económicas, operativas y de productividad.

Este contexto explica que el anuncio formal se haya dado hasta el marco de la conmemoración del Día del Trabajo de 2025, cuando el gobierno de México dio a conocer su decisión de presentar una iniciativa para reducir de forma gradual la jornada laboral semanal a 40 horas.

Como parte de esta estrategia, se abrieron mesas de trabajo con la participación de representantes del sector empresarial, sindicatos, personas trabajadoras, autoridades y academia, con el objetivo de construir una propuesta de reforma laboral basada en el consenso.

Desde la perspectiva oficial, la reforma busca atender una demanda histórica de las personas trabajadoras sin comprometer la productividad, así como se sostiene que una redistribución del tiempo de trabajo permitiría revalorizar el empleo y favorecer un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

En ese contexto, el 3 de diciembre se informó que, tras alcanzar consensos con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo Federal enviaría al Senado de la República una iniciativa de reforma para implementar de forma gradual la jornada laboral de 40 horas a partir de 2026. De acuerdo con el proyecto, el proceso de transición se desarrollaría de la siguiente manera:

• 2026 – Entrada en vigor y periodo de transición
• 2027 – 46 horas
• 2028 – 44 horas
• 2029 – 42 horas
• 2030 – 40 horas

La iniciativa plantea que la jornada laboral ordinaria será de 40 horas semanales, garantizando al menos un día de descanso. Este diseño se aparta de propuestas anteriores que pretendían lograr la reducción mediante la adición de un día de descanso semanal, optando ahora por una disminución directa del tiempo de trabajo.

No obstante, uno de los aspectos más relevantes y que merece especial atención, es el relativo al pago del tiempo extraordinario. La redacción permitiría que el trabajo extraordinario no exceda de 12 horas semanales, distribuibles en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días, introduciendo un esquema distinto para el manejo de las horas extraordinarias.

A lo anterior se suma que la propia reforma prevé que, una vez aprobada la modificación constitucional, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo.

Por ahora, es importante subrayar que se trata de una iniciativa que deberá ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión. Sin embargo, considerando la mayoría legislativa del partido oficialista y el respaldo político del Poder Ejecutivo, todo apunta a que la reforma avanzará sin mayores obstáculos.

Frente a este escenario, la entrada en vigor de la reforma parece prácticamente inevitable. El reto inmediato para el sector empresarial será anticiparse y diseñar estrategias que permitan mitigar su impacto, tales como la reestructuración de turnos, ajustes operativos, emisión de nuevas políticas internas y en su caso la modificación de reglamentos interiores de trabajo y contratos individuales.

Si bien la reforma se presenta como una medida destinada a beneficiar a las personas trabajadoras, no puede perderse de vista que, si no se implementa con cuidado, sus efectos económicos podrían terminar afectando precisamente a quienes se busca proteger, especialmente en un contexto de presión inflacionaria y encarecimiento de bienes y servicios.