¿Importa el bienestar de 3.5 millones de personas?

La pregunta que da título a este texto podría parecer retórica, pero quizá no lo sea tanto. Vale la pena detenernos a pensar si un grupo de 3.5 millones de personas, equivalente a alrededor del 2.6% de la población del país, merece ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas orientadas a su bienestar y desarrollo.

En un país como México, 3.5 millones de personas podrían parecer una cifra relativamente pequeña. Sin embargo, basta ponerla en perspectiva para dimensionar su magnitud: es una población superior a la de la mitad de las entidades federativas.

De acuerdo con cifras publicadas hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 3.5 millones de niños, niñas y adolescentes en México que trabajan, una cifra que se ha mantenido prácticamente sin cambios en la última década.

En 2015, cuando comenzó a levantarse la información que dio vida a lo que hoy conocemos como la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), en el país había 3.6 millones de menores de edad en esta condición.

Y si bien la cifra se ha reducido marginalmente en términos absolutos, no ha ocurrido lo mismo en términos relativos. Entre 2015 y 2025, la proporción de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil aumentó de 12.3 a 12.6 por ciento.

Sin embargo, para comprender lo que ha ocurrido en estos diez años es necesario ir más allá de la cifra general. La medición del Inegi distingue dos formas de trabajo infantil que han tenido comportamientos diferentes y que ayudan a entender mejor la dimensión del problema.

Por un lado, están las ocupaciones no permitidas, que incluyen actividades realizadas por debajo de la edad mínima legal o que representan riesgos para los menores. En este caso sí ha habido una reducción, pues la población en esta condición pasó de 2.2 a 1.8 millones entre 2015 y 2025.

La otra modalidad corresponde a los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, que aumentaron de 1.7 a 1.9 millones de menores durante el mismo periodo. Aquí es importante hacer una distinción, porque colaborar con las tareas del hogar no constituye por sí mismo trabajo infantil.

Lo que mide la encuesta son situaciones en las que esas actividades se realizan durante jornadas prolongadas o bajo condiciones peligrosas, como la exposición a sustancias químicas o el riesgo de sufrir lesiones. Es decir, no se trata de ayudar a limpiar la casa, tender la cama o lavar los platos, sino de asumir responsabilidades que pueden poner en riesgo la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Que una niña, un niño o un adolescente tenga que dedicar gran parte de su día a trabajar en ocupaciones no permitidas, en quehaceres domésticos o en tareas de cuidado limita sus posibilidades. Al menos el 20% de estos menores no asiste a la escuela, lo que reduce sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

Esta realidad no es aislada y parte, en muchos casos, de las dificultades económicas que viven las familias. Entre los problemas que enfrentan los hogares con menores en situación de trabajo infantil, las personas encuestadas señalan el aumento de los precios de los alimentos (48.4%), seguido de la pérdida de ingresos laborales (13.9%), la sequía o falta de lluvias (9.4%) y la disminución de ingresos de negocios familiares (8.6%), entre otros.

Detrás de estas cifras hay una realidad que merece mucha más atención de la que recibe. Los resultados de la ENTI deberían llevarnos a reflexionar sobre las condiciones en las que crecen millones de niñas, niños y adolescentes, las oportunidades que están perdiendo y las dificultades que enfrentan sus familias.

Después de una década prácticamente sin avances, es necesario que el trabajo infantil ocupe un lugar más relevante en la discusión pública y en las prioridades del país. Porque si el bienestar y el futuro de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes no son suficientes para exigir una mayor atención, entonces la pregunta con la que comienza este texto efectivamente deja de ser retórica.