Presidencia creará comisión contra el tráfico de patrimonio

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista la publicación de un decreto para la creación de la Comisión Intersecretarial Permanente contra el Tráfico Ilícito de Bienes que forman parte del Patrimonio Cultural, como un paso más del compromiso asumido desde la presente administración federal con la salvaguarda del patrimonio y el combate a su extracción ilegal y lucro en el extranjero.

Lo anterior, según indica el anteproyecto de decreto, ahora mismo en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), cobra sentido una vez que se explica que la protección del patrimonio cultural y la prevención de su tráfico ilícito requiere de un trabajo coordinado entre distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, para permitir y armonizar el abordaje del problema desde distintos ámbitos, ya sea cultural, penal, aduanal, internacional y de derechos humanos, entre otros.

Por esta razón, en breve, el presidente de la República decretará que esta comisión deberá integrarse por once integrantes, seis con derecho a voz y voto y cinco más con voz, pero sin voto.

Las personas integrantes con voz y voto serán las titulares de las secretarías de Cultura, misma que tendrá la presidencia; de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, mientras que aquellos integrantes sin voto serán los titulares de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Las tareas de la Comisión

El decreto por publicarse establece que la comisión tendrá entre sus responsabilidades la creación y difusión de las guías correspondientes para la identificación de bienes arqueológicos muebles, bienes históricos muebles, y monumentos artísticos, preparadas por el INAH y el INBAL, a fin de identificar las características de bienes arqueológicos, artísticos e históricos que forman parte del patrimonio nacional.

También deberá coadyuvar en la devolución de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de otros países, y protegidos conforme a su legislación vigente, que hayan ingresado o sido transferidos al territorio mexicano en contravención de las normas aplicables.

Asimismo, será su responsabilidad elaborar y proponer proyectos de textos legislativos y reglamentarios en materia cultural, que permitan la protección del patrimonio cultural; capacitar a servidores públicos de las dependencias y órganos administrativos desconcentrados integrantes de la comisión, así como a sus participantes para la identificación y protección de los bienes culturales, y crear un sistema de registro de información sobre los bienes culturales recuperados o restituidos, el cual deberá estar a cargo de la Secretaría de Cultura.

Este decreto, indica dicho anteproyecto, se gesta como una obligación del Estado mexicano adquirida a través de la suscripción a diversos instrumentos internacionales relacionados con la protección del patrimonio cultural, entre ellos, la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural en caso de conflicto armado, adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954; la Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, adoptada en París en 1970; el Convenio UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, gestado en 1995 pero al que México suscribió en 2021, y la Convención UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, de 2001, entre otros.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx

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