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Estrategia Digital Nacional vivió su primer tropiezo

Los tiempos legislativos impidieron que las reformas secundarias en telecomunicaciones se lograran en el plazo fijado, lo que retrasará los alcances de la nueva política digital.

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La Estrategia Digital Nacional, la única política pública del presidente Enrique Peña Nieto para insertar a México a la economía del conocimiento, sufrió su primer descalabro el 9 de diciembre. El retraso en la reforma y promulgación del paquete de 14 leyes secundarias sobre telecomunicaciones impactará en la aplicación de la estrategia, pues cuatro de sus cinco objetivos tienen vínculo directo con el sector.

De acuerdo con la reforma constitucional promulgada por el Presidente el 11 de junio pasado, los diputados tenían hasta el 9 de diciembre para adecuar, derogar o crear un paquete de leyes para sustituir a las actuales en materia de telecomunicaciones, radio y televisión. Esto, de acuerdo con el espíritu de la reforma, debe crear mecanismos para que las autoridades abran el mercado a la competencia plena.

Los tiempos legislativos no permitieron que las adecuaciones se lograran en el plazo fijado y en la Cámara de Diputados se prevé dar solución al tema a mediados del próximo año, meses después de lo dispuesto en la Constitución.

La Estrategia Digital Nacional (EDN) contempla cinco objetivos: transformación gubernamental, economía digital, educación de calidad, salud universal y efectiva, y seguridad ciudadana. Los habilitadores serán la conectividad, la inclusión de habilidades digitales, la interoperabilidad tecnológica, el marco jurídico y una política de datos abiertos.

Para su cumplimiento es necesario que el gobierno mejore sus políticas de servicios a través de herramientas digitales, que aumente el número de mexicanos con acceso a Internet y que los precios de los servicios de telecomunicaciones disminuyan considerablemente.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México contaba en junio del 2012 con 11.1 conexiones a la red por cada 100 habitantes, mientras que sólo la penetración de suscripciones a servicios de Internet por banda ancha apenas llegaba a 9.82 conexiones por cada 100 mexicanos. Este último dato colocó a México en el último lugar en penetración de Internet dentro de los 34 países que integran la OCDE.

Además, para el cierre del 2012, México tenía 45.2 millones de internautas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (Amipci). La cifra representa menos de la mitad de la población mexicana.

La Estrategia Digital Nacional de Peña Nieto contempla que en un periodo de 60 meses, contados a partir de noviembre del 2013, México se ubique como el país con la mayor conectividad de América Latina.

Para el sindicato de la industria de las tecnologías de la información y la comunicación de México (Canieti), cada día de retraso de la publicación de las leyes secundarias que deben regular y repercutir en servicios de telecomunicaciones de mejor calidad y asequibilidad, la estrategia del Presidente también enfrenta retrasos en su cumplimiento y ve comprometidos sus logros.

(El retraso) impedirá que los objetivos de la Estrategia Digital Nacional se vayan cumpliendo en tiempo , dijo Víctor Gutiérrez Martínez, presidente de la Cámara de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).

Gutiérrez Martínez considera que aún hay espacios para que el Congreso apruebe y publique el paquete de leyes secundarias, para que la industria y el gobierno inicien el proceso de compaginación de sus visiones para empujar el cumplimiento de la estrategia de Peña Nieto.

Han ocurrido diferentes ráfagas de acuerdos en México... Viene un espacio de integración y esperamos un espacio de efectiva coordinación. Apostamos a que ocurran esta coordinación y estos consensos. Aún no podemos dar una fecha fatal. Seguimos haciendo las gestiones necesarias. Tenemos días, aunque el periodo extraordinario (en el Legislativo) es posible. La estrategia está relacionada con las leyes secundarias, pero habría la posibilidad de que haya modelos con los que se pueda avanzar, falta definirlos, por ello todavía no hay raspón , dijo Gutiérrez Martínez en un encuentro de la Canieti el martes.

De acuerdo con analistas consultados por El Economista, falta una coordinación clara con la industria para lograr los objetivos de la política pública.

Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), consideró necesario que el nuevo regulador en materia de telecomunicaciones, el Ifetel, tenga un marco jurídico robusto para contribuir con los objetivos del Presidente.

No debe perderse de vista que esta política (digital) requiere del despliegue de la red troncal que también está señalada en la reforma (de telecomunicaciones), pues para alcanzar las metas que se marcaron de lograr una cobertura tanto poblacional como para empresas (a Internet) se necesita que el Ifetel tenga claridad de cuál debe ser su participación. El Ifetel tendría que tener un papel más determinante; debería exigir que en la política de inclusión digital le asignen tareas específicas, a través de un programa especial , dijo el presidente de la Amedi.

Para Jesús Romo, analista independiente de telecomunicaciones, la estrategia de Peña Nieto necesita indicadores tangibles, los cuales deben resolverse con sensatez una vez que se cuente con las leyes secundarias en telecomunicaciones. Industria y gobierno, dijo, deben prever que la red mayorista que se planea crear con la banda de los 700 MHz, el remanente de los 2.5 GHz y la fibra oscura de CFE podría generar fricciones entre los distintos actores, que a la larga también afectaría el cumplimiento de la Estrategia Digital Nacional.

Ojalá se atienda este problema luego de que se tengan leyes secundarias. Independientemente de las buenas intenciones de la estrategia (digital), los habilitadores son los que condicionan su éxito y hay algunos puntos al interior de estos componentes como la creación de la red mayorista que va a generar fricciones entre los concesionarios actuales y el gobierno. El reto es articular y aterrizar los instrumentos regulatorios y de infraestructura que la Constitución expone , dijo Romo.

nicolas.lucas@eleconomista.mx

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