México fortalece el sistema antilavado con nuevas reglas generales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó las nuevas Reglas de Carácter General derivadas de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con lo que actualiza el principal marco regulatorio en materia de prevención del lavado de dinero.

Dichas disposiciones establecen la operatividad de la reforma legal, incorporan un modelo de cumplimiento basado en riesgos y brindan mayor certeza jurídica a quienes realizan Actividades Vulnerables, alineando el régimen mexicano con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Las nuevas reglas sustituyen un modelo de cumplimiento uniforme por uno basado en riesgos, mediante el cual los sujetos obligados deberán implementar medidas proporcionales a la naturaleza y nivel de riesgo de sus operaciones.

Asimismo, fortalecen el conocimiento del cliente, la identificación del Beneficiario Controlador y de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), incorporan herramientas de monitoreo, auditorías, capacitación y certificación de responsables de cumplimiento, además de prever una implementación gradual acompañada de lineamientos, criterios y mecanismos de orientación para facilitar su aplicación.

La publicación de estas reglas constituye uno de los componentes de la política integral que la SHCP y la UIF han impulsado desde agosto de 2025, tras la llegada de Omar Reyes Colmenares a la Unidad, en coordinación con la estrategia de seguridad encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Bajo este modelo, la inteligencia financiera quedó articulada con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública mediante la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad, donde encabeza la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero y participa en la priorización de estructuras criminales y casos estratégicos, junto con la SSPC, la FGR, el CNI, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las entidades federativas.

Este nuevo modelo transforma la información financiera en inteligencia operativa, orientada a impactar las estructuras económicas de la delincuencia organizada y permite la construcción de casos de alto impacto relacionados con delincuencia organizada, corrupción, tráfico de armas, narcotráfico, robo de hidrocarburos y huachicol fiscal.

Resultados operativos revelan impacto de la estrategia

Entre julio de 2025 y julio de 2026, la UIF incrementó en 126% el número de personas bloqueadas y aumentó en 172% las cuentas bloqueadas.

Asimismo, complementó las designaciones internacionales de la OFAC con bloqueos derivados de sus propios análisis financieros, alcanzando un total de 324 personas designadas entre ambas autoridades.

En conjunto, durante el periodo la UIF incorporó 2,395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, bloqueó 24,622 cuentas bancarias e inmovilizó recursos millonarios, concentrando sus acciones en temas relacionados con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y extorsión.

Entre los casos de mayor impacto destacan las acciones contra redes de huachicol, con 163 sujetos bloqueados; además, del total de cuentas bloqueadas, 7,861 corresponden a integrantes de grupos de delincuencia organizada, lo que representa el 31.9% del total de cuentas bloqueadas, es decir, casi una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con este tipo de organizaciones criminales.

Asimismo, sus datos revelan que 1,443 cuentas bloqueadas están relacionadas con investigaciones por extorsión, equivalente aproximadamente a una de cada 17 cuentas bloqueadas durante el periodo.

De tal manera, en el último año de gestión, encabezado por Omar Reyes Colmenares, la UIF ha logrado rebasar los montos asegurados en otras administraciones, cifra sin precedente para bloqueo de recursos. Estos resultados se complementan con investigaciones relacionadas por desvío de recursos públicos y otras estructuras financieras de alto impacto.

A lo anterior se suma la sentencia a favor del Estado por más de 578 mdd, dentro de un procedimiento civil para la recuperación de activos relacionado con un esquema ilícito de contratación pública y desvío de recursos públicos. Esta resolución fortalece las acciones de recuperación de activos y el combate a las estructuras financieras vinculadas con actos de corrupción.

Marco jurídico de la UIF de fortalece

Como parte de este fortalecimiento institucional también se robusteció el marco jurídico que fortaleció las facultades de la UIF para el bloqueo administrativo de cuentas; se consolidó la coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM) para fortalecer el intercambio oportuno de información y la supervisión basada en riesgos, y se intensificó la supervisión tanto de instituciones financieras como de Actividades Vulnerables.

En el ámbito internacional, la UIF fortaleció su relación con servicios homólogos mediante el intercambio de inteligencia financiera con el Grupo Egmont, FINTRAC, FinCEN, OFAC y otros organismos especializados, reforzando la asistencia jurídica internacional, los bloqueos y los mecanismos para la recuperación de activos vinculados con operaciones ilícitas.

El intercambio de inteligencia complementa el análisis de la UIF, pero las decisiones y acciones permanecen bajo la conducción de las autoridades nacionales.

De manera paralela, la UIF amplió la coordinación con fiscalías estatales, autoridades de seguridad, instituciones financieras y organismos empresariales para fortalecer el sistema preventivo. En el último año suscribió convenios de colaboración y desarrolló mecanismos de coordinación con diversas instituciones públicas, así como con organismos representativos del sector privado, entre ellos cámaras de comercio, la Asociación de Bancos de México, CONDUSEF y otros actores estratégicos, a fin de fortalecer la cultura de cumplimiento, el intercambio de información y la prevención del lavado de dinero para detectar oportunamente operaciones de riesgo y fortalecer la prevención sin obstaculizar la actividad económica.

El fortalecimiento también se reflejó en las capacidades operativas de la Unidad. La plantilla de servidores públicos creció 60%, lo que fortaleció las capacidades técnicas y analíticas para la generación de inteligencia financiera y el desarrollo de investigaciones estratégicas, en apoyo de las acciones coordinadas en el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Omar Garcia Harfuch.

En la actualidad las acciones de la UIF se basan en un modelo de análisis de riesgo (alto, medio y bajo), que prioriza la inteligencia financiera como herramienta para el bloqueo de cuentas, es decir, los bloqueos no se realizan de manera arbitraria, sino que se sustentan en análisis de riesgo e inteligencia financiera.

Lo anterior se traduce en que, si una persona se encuentra en un nivel de riesgo alto, no necesariamente implica que se encuentre relacionada con actividades ilícitas.

Se destaca que la UIF no se utiliza con fines políticos; sus decisiones se basan en análisis de riesgo y comportamiento financiero. Las Personas Políticamente Expuestas no son consideradas automáticamente de alto riesgo por ocupar o haber ocupado un cargo público. Para elevar su nivel de riesgo se consideran elementos en su comportamiento financiero, como operaciones que no correspondan con sus ingresos, evolución patrimonial acorde a su actividad económica, funciones o responsabilidades.

La publicación de las nuevas Reglas de Carácter General representa, así, la consolidación de una política de Estado en materia de prevención del lavado de dinero que articula inteligencia financiera, coordinación interinstitucional, cooperación internacional, fortalecimiento jurídico, supervisión basada en riesgos y combate patrimonial a las organizaciones criminales.

Más allá de la actualización normativa, las nuevas Reglas consolidan un modelo que busca seguir la ruta del dinero para afectar las estructuras económicas de la delincuencia organizada, concentrando los esfuerzos de supervisión e inteligencia financiera en los casos de mayor riesgo, sin obstaculizar el funcionamiento de la economía formal ni generar cargas regulatorias innecesarias para quienes cumplen con la ley.

En este nuevo marco, Hacienda y la UIF fortalecen la capacidad del Estado para prevenir, detectar y desarticular estructuras financieras que sostienen a la delincuencia organizada, brindan mayor certeza jurídica a los sectores regulados y fortalecen la integridad del sistema financiero nacional.