La llegada de una nueva administración gubernamental ha representado una nueva oportunidad para que los defraudados de Ficrea enteren a las nuevas autoridades de este fraude que impactó a más de 6,800 personas.

La semana pasada, los afectados por esta empresa, que funcionaba como sociedad financiera popular (sofipo), enteraron nuevamente, por medio de un documento, a funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, los detalles de su caso, con el fin de que se reabra una investigación.

De acuerdo con el documento que hicieron llegar los afectados a la SFP, del cual este medio tiene copia, en el 2015 ya se había interpuesto una reclamación ante esta instancia por el caso. Sin embargo, en aquel entonces las autoridades determinaron que no existían los elementos suficientes para establecer una responsabilidad administrativa del personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que actuó en este caso.

Sin embargo, en el documento de los afectados se destaca que existen elementos que no fueron analizados, valorados y calificados por las autoridades en aquél entonces para adjudicar las responsabilidades correspondientes a los funcionarios involucrados en el caso.

De acuerdo con la denuncia, cuando se anunció la intervención gerencial de Ficrea, en noviembre del 2014, autoridades de la CNBV señalaron varias omisiones realizadas por esta empresa, como el incumplimiento en materia de operaciones de crédito, simulación de operaciones, pasivos no reconocidos y no registrados, falta de transparencia en la entrega de información a la autoridad y deficiencias en materia de prevención de lavado, entre otras.

En este contexto, se detalla que la CNBV conocía de todas las irregularidades de Ficrea y no actuó para proteger los intereses de los ahorradores. “La CNBV conoció en tiempo y forma todas y cada una de las acciones que llevó a cabo Ficrea. No impuso sanción ni limitación a dichas operaciones, no alertó ni protegió los intereses de los ahorradores e inversionistas”.

Según la reclamación, la CNBV pudo en tiempo y forma haber actuado en apoyo y protección de los ahorradores, especialmente cuando Ficrea tenía una fuerte campaña publicitaria para captar recursos del público.

Se argumenta omisión; CNBV se defendió.

En el documento, firmado por los afectados Fernando González Santillana y Juan Ignacio Mercado Villa, se acusa de la presunta omisión en la que incurrió la CNBV al momento de supervisar a Ficrea, además de que se le señala a esta autoridad su presunto actuar irregular, negligente y deficiente, durante su labor como supervisor del sistema financiero mexicano.

“La CNBV incurrió en lo que jurídicamente se conoce como omisión y comisión por omisión, por haberse abstenido de actuar y de ejercer (...)sus funciones de inspección, vigilancia, fiscalización, auditoría y medidas prudenciales”, se puede leer en el documento.

Con la presentación de este texto, los ahorradores buscan que la SFP analice y evalúe nuevamente el caso, con el fin de iniciar los procesos en contra de autoridades o funcionarios que pudieron haber sido responsables de las omisiones de las que se acusan.

En la pasada administración, la CNBV defendió en todo momento que su actuar en este caso fue conforme a la ley, e incluso indicó que la intervención gerencial a esta entidad en noviembre del 2014 fue oportuna, pues se evitó un mayor detrimento de los activos de dicha sociedad.

No obstante, señaló que ya era irreversible el desfalco por más de 2,700 millones de pesos que había en esta entidad, que se generó presuntamente por desvíos a otras empresas del presunto responsable Rafael Olvera Amezcua.

“Haber actuado a tiempo evitó que más ahorradores fueran defraudados por los dueños de esta sociedad (Ficrea), que sistemáticamente engañaba a sus clientes”, detalla un documento emitido por la CNBV el 19 de diciembre del 2014, cuando se anunció la revocación de esta entidad financiera.

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