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Ven posible una fiscalización laxa en elección judicial
La fiscalización de las personas aspirantes a ocupar un cargo de elección popular del Poder Judicial será una de los mayores retos y más complejos a los que se deberá enfrentar el INE, ya que al ser un proceso completamente nuevo no existen reglas claras que regulen los gastos de los candidatos ni mucho menos filtros que impidan la injerencia de posibles recursos ilegales, señalaron expertos.

El INE tendrá que definir y señalar cómo se va a regular la fiscalización en esta elección judicial.
La fiscalización de las personas aspirantes a ocupar un cargo de elección popular del Poder Judicial será una de los mayores retos y más complejos a los que se deberá enfrentar el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que al ser un proceso completamente nuevo no existen reglas claras que regulen los gastos de los candidatos ni mucho menos filtros que impidan la injerencia de posibles recursos ilegales, señalaron expertos.
Arturo Espinosa Silis, abogado y consultor en temas electorales, alertó que la fiscalización de la elección judicial podrá a prueba al INE, ya que en las elecciones ordinarias, son los partidos quienes se encargan de concentrar la información sobre los gastos de sus candidatos, para luego informar a este instituto.
No obstante, tras la reforma judicial, será el INE quien directamente deba recabar la información y fiscalizar, para lo cual, dijo, deberá tener un sistema y estructura que aguante que más de 5,000 personas le estén reportando cosas todos los días.
A ello, también se tendrá que enfrentar a nuevos lineamientos para definir qué sí es o no un gasto de campaña, pues recordó que la Constitución establece que estos candidatos no pueden recibir financiamiento público ni financiamiento privado.
“No está regulado, entonces el INE tendrá que definir y señalar cómo se va a regular todo eso, lo cual, pues me parece algo sumamente complejo realmente pues los candidatos no están familiarizados con (el reporte de gastos)”.
“Las reglas de fiscalización están puestas para una elección con otra lógica, una de partidos políticos que ellos son los obligados a cumplir con la fiscalización por que ellos reciben financiamiento público (...) aquí no hay eso”, añadió.
En este sentido, Espinosa Silis alertó que se corre el riesgo de que se lleve a cabo una fiscalización muy parecida a todo el proceso judicial “bastante por encima, al ahí se va, bastante descafeinada”.
Aunado a que existe la posibilidad de que haya recursos de intereses ajenos a la de una impartición de justicia imparcial y autónoma, “dinero de empresarios, de grandes contribuyentes y dinero desde luego del crimen organizado de organizaciones criminales” que les interesa tener jueces a favor.
Además de que se podrían ver campañas inequitativas, ya que “no todos van a gastar lo mismo, no todos van a tener acceso a los mismos recursos, unos van a tener ventajas sobre otros las cuales, pues van a ser ventajas desafortunadas”.
“Simulación”
Fernando Dworak Camargo, experto en estudios legislativos y académico del ITAM, coincidió que es riesgoso que el INE no cuente con normas claras y criterios en la materia, ya que ello genera huecos en beneficios de unos pocos.
“Por ejemplo, tenemos ya varias ministras que quieren participar en esta elección y que están haciendo activamente proselitismo, pero el INE no puede hacer nada hasta que no haya candidaturas, que es el 12 de febrero, pero estas personas obviamente ya están ingresando directamente a la boleta”, consideró.
Bajo estas circunstancia, añadió, se habla de un riesgo también para la elección, ya que la falta de reglas se presta “mucho a la simulación para ocultar gastos o para justificar otro tipo de erogaciones, que incluso serían muy difícil de rastrear (...) por lo tanto el no haber una fuente de ingreso tampoco hay una fuente de de financiamiento, claramente establecida y obviamente existen muchos riesgos de que entre muchos intereses”.
Cabe señalar que la próxima elección judicial implica un mayor número de candidatos a fiscalizar, ya que se espera que participen unas 5,379 personas, las cuales competirán por alguno de los 881 cargos que estarán en juego este año. Mientras que en la pasada elección federal participaron unos 4,484 candidatos para ocupar 629 cargos.
Prohibirían difusión de encuestas
Como parte de las acciones para regular el proceso electoral del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para prohibir que las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros contraten o difundan encuestas o sondeos sobre esta elección.
Este lunes, el Consejo General del INE votará el acuerdo que establece los lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de la elección judicial.
Dicho acuerdo plantea, entre otras cosas, que “queda prohibida la contratación, por parte de personas candidatas y de los partidos políticos, por sí o por interpósita persona, de personas físicas o morales que realicen y difundan encuestas o sondeos de opinión”.
Asimismo, se advirtió que en el caso de que se identifique que una persona candidata incumpla esta disposición o que alguna persona dé a conocer los resultados de dichos conteos o encuestas antes de que se hayan difundido por un medio de comunicación, se dará vista a las áreas correspondientes para efectos legales.
Por otro lado, también se buscará establecer que, durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.