Senado avala “Plan B” con reservas en la revocación

El Partido del Trabajo (PT) obligó a retirar los cambios a la Constitución propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que abrían la posibilidad de que la Revocación de Mandato presidencial fuera concurrente con las elecciones federales intermedias y locales del 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros cargos.

El decreto correspondiente al llamado “plan B” fue aprobado en lo general por 87 votos de Morena, PVEM y PT, contra 41 del PAN, PRI y MC.

Llegada la hora de la presentación de reservas de cambios, Lizeth Sánchez (PT) propuso, y así se aprobó a mano alzada, eliminar del decreto los cambios propuestos al Artículo 35, relacionados con la Revocación de Mandato, por lo que fueron suprimidos.

La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.

Al fijar la posición de su partido desde la tribuna, Alberto Anaya, senador y dirigente nacional del PT, informó que su grupo parlamentario habría de votar la iniciativa presidencial a favor, pero sólo en lo general.

“Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al Artículo 35 de la Constitución”, anticipó, y así fue.

Enrique Inzunza Cázarez (Morena), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó al fundamentar el dictamen que la enmienda constitucional plantea medidas concretas para terminar con los privilegios: ajustar las remuneraciones de todos los servidores públicos a los límites constitucionales; eliminar beneficios indebidos financiados con recursos públicos, y establecer mecanismos de racionalidad en los distintos órdenes de gobierno.

Además de que ajusta la integración de los ayuntamientos con el propósito de evitar distorsiones en la representación y asegurar que los recursos públicos se orienten directamente en beneficio de las comunidades.

La panista Verónica Rodríguez criticó que los senadores del oficialismo no ahondaron en su pretensión de autorizar a la Presidenta de la República “que fuera la única voz que pudiera escucharse en la elección del 2027, bajo el pretexto de la Revocación de Mandato como un derecho que ya está consagrado en la Constitución para las y los ciudadanos”.

Por el PRI, Claudia Anaya consideró que la reforma no es para quitar, sino “para darle privilegios al dedo flamígero de la Presidencia de la República para que siga destrozando la división de poderes de nuestro país, para que debilite el federalismo…’’

Y dijo alegrarse de la posición del PT, que se opuso a los cambios al Artículo 35 de la Constitución.

Su correligionario, Manuel Añorve, coordinador del grupo parlamentario priista, resumió que lo que Morena pretendía era que la presidenta Claudia Sheinbaum apareciera “en la boleta en el 2027, por la puerta de atrás porque hablan de austeridad y (eso) es control”.

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada senatorial de MC, anunció que los suyos decidieron rechazar el plan B, “porque consideramos que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida pública de las y los mexicanos”.

Tres de cuatro

De cuatro artículos sujetos a modificación, solamente se aprobaron tres: 115, 116 y 134.

La redacción del Artículo 115 establece que los ayuntamientos serán integrados por un presidente, “una sindicatura y hasta 15 regidurías de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal’’.

El artículo Sexto transitorio del decreto establece que los ayuntamientos que cuenten con menos de 15 regidurías conservarán su integración y que sólo en los casos que se requiera alguna modificación de la integración por criterios de variación poblacional u otros requisitos se hará conforme lo establecido en las constituciones locales y leyes de las entidades federativas.

El Artículo 116 prevé que las constituciones estatales deberán establecer “que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente”, garantizando también principios en favor de las mujeres.

La reforma al Artículo 134 establece que los salarios de altos funcionarios del INE, organismos locales y tribunales electorales no deben superar el tope del Artículo 127 constitucional. Además, prohíbe el uso de recursos públicos para contratar seguros de gastos médicos, de vida o pensiones privadas, cajas de ahorro y regímenes especiales de retiro.