Gobierno prepara reforma para frenar mercado negro del agua y endurecer sanciones

El gobierno de México anunció este miércoles que en los próximos días presentará al Congreso dos iniciativas clave en materia hídrica: una reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua y una nueva Ley General, junto con modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. 

El objetivo central es poner fin al mercado negro del agua, fortalecer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y endurecer las sanciones contra quienes lucran ilegalmente con el recurso.

Efraín Morales López, director general de la Conagua, explicó que las propuestas surgen de un proceso de consulta que incluyó 13 foros con sectores sociales, productivos y gubernamentales. Detalló que la iniciativa plantea eliminar la posibilidad de transmisiones de concesiones entre particulares, un mecanismo que ha permitido la compraventa de derechos de agua sin regulación adecuada.

“Lo que ha ocurrido es que se generó un mercado negro del agua; usuarios que necesitan agua para consumo humano o proyectos productivos tienen que acudir a particulares que venden títulos de concesión”, señaló.

La reforma también incluye la creación de un capítulo sobre delitos hídricos, con sanciones más severas para quienes roben agua, perforen pozos ilegales o reincidan en prácticas ilícitas como la venta de pipas obtenidas de extracciones clandestinas. Incluso se contempla aplicar la figura de extinción de dominio en casos de reincidencia.

Óscar Zavala Gamboa, director jurídico de la Conagua, precisó que actualmente las multas por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales van de 260 a 26,000 UMAS, es decir, hasta poco más de 2 millones de pesos. Sin embargo, las sanciones resultan tan bajas que muchos infractores las pagan el mismo día y vuelven a operar. 

“Se propone elevar la multa mínima a 50,000 UMAS y crear un catálogo de delitos especiales dentro de la ley para cerrar lagunas legales”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que esta práctica inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que el cambio legal busca revertirla. “Ya no habrá transmisión entre particulares. Si no usas tu concesión, la tienes que regresar al Estado, y es el Estado quien decidirá si se vuelve a concesionar. El agua no es una mercancía, es un recurso escaso que debe ser regulado por la nación”, afirmó.

También, la primera mandataria agregó que las reformas también simplificarán los trámites para pequeños agricultores con pozos, quienes podrán regularizar sus concesiones con mayor facilidad y acceder a subsidios en electricidad para riego. 

“Es un incentivo: regularízate, paga lo que tengas que pagar y tendrás acceso a beneficios”, afirmó.