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Con Cananea avanza modelo de justicia social y ambiental como eje rector del gobierno de México

Con la conclusión de la huelga de Cananea, tras una lucha histórica de 18 años, se avanza en el modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la garantía del Estado de hacer de la justicia social y ambiental el principio rector de las acciones del Gobierno de México.
Así lo resaltó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al informar el avance del trabajo coordinado de autoridades federales y estatales, con relación a la huelga que data de 2007 y los daños derivados del derrame en el Río Sonora, ocurrido en 2014.
Refirió que desde hace unos días se cubren de manera directa, una por una, las indemnizaciones de los mineros, de las viudas y de sus familias.
Destacó que desde el Gobierno de México se entendió que no se trata solo de un asunto de recursos, sino de un tema de dignidad.
“Como gobierno de la transformación, escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de las que se tenga registro en la historia de México”, expresó.
La secretaria Rodríguez recordó que en julio de 2021 se puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea con cinco ejes: trabajo digno; atención médica y medicamentos gratuitos; mejoramiento urbano; bienestar; salud ambiental y derecho al agua.
Asimismo, precisó que en noviembre del año pasado, para solicitar que se diera salida al conflicto laboral, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llegó a la Secretaría de Gobernación, acompañado de los líderes del sindicato y mineros de la sección 65 de Cananea.
Señaló que la Presidenta instruyó encontrar soluciones a las problemáticas entre la empresa Grupo México y los trabajadores, por lo que se solicitó la participación de servidores públicos de diversas áreas del gobierno federal, fundamentalmente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sobre la problemática ambiental, indicó que desde febrero de este año, se inició el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento y mejora en los servicios de salud en la zona del Río Sonora.
Para ello, ha sido fundamental el trabajo conjunto del gobierno del estado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el IMSS Bienestar.
Se atiende así, de manera eficaz, la relación con las comunidades y se iniciará en breve la labor especializada correspondiente.
Agregó que, con el propósito de concretar los avances que se anuncian, se logró un fondo de recursos con una aportación del 70% por parte de la empresa Grupo México; 22% del Gobierno México y 8% del estado de Sonora, para desarrollar un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social.
Así, el acuerdo alcanzado contempla la participación de Grupo México con 1,500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones de pesos que ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 2018 y 2019.
La secretaria Rodríguez especificó que el gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos y el estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos. En total se invertirán 2,222 millones de pesos en el plan integral, que contempla:
En materia de justicia ambiental, el establecimiento de mecanismos de restauración en el afluente, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos. Y la implementación de acciones de saneamiento del suelo contaminado.
Con relación al agua, el fortalecimiento del monitoreo de la calidad en el Río Sonora, con un Centro de Visualización de la calidad del agua en tiempo real; nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noroeste; la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro potabilizadoras en operación.
En salud, el IMSS Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento. El actual hospital comunitario en Ures será transformado en Hospital Regional, con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados, un centro para la salud renal con servicios de necrología, seis sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología.
Y el actual hospital, puntualizó, se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados.
La secretaria de Gobernación reiteró que hoy culminan 18 años de lucha y es un hecho histórico. Destacó la voluntad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se mantuvo firme para que no se abandonara a su suerte a los trabajadores, porque es sensible a los derechos laborales de los mineros y sus familias; y es una defensora de los derechos ambientales del pueblo.
Aseguró que la directriz de la Cuarta Transformación es muy clara: el Estado tiene por obligación apoyar a los que se quedaron atrás, a los que se mantuvieron rezagados en el acceso a la justicia, para restituirles derechos y contribuir a conformar nuevos proyectos de vida.