El Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dio a conocer que existió una ejecución extrajudicial y que, en al menos 34 personas detenidas por el caso Iguala, existen “fuertes elementos de convicción” de que fueron torturadas.

Al presentar “Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, detalló que de los 129 detenidos se examinaron 63 casos, de los cuales en 12 no se encontraron muestra de tortura y en 51 hay indicios de esta práctica.

Es de este último universo de casos de dónde se desprenden los 34 —una mujer y 33 hombres— en los cuales se informó la existencia de tortura, demoras injustificadas para su presentación ante el Ministerio Público y “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las lesiones de los detenidos como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.

En relación a la ejecución extrajudicial, se trata de Emmanuel Blas Patiño, detenido en octubre del 2014 junto a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, “quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de Semar que habrían participado en su detención”, explicó el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo con el documento, los actos de tortura, las detenciones arbitrarias y graves violaciones a los derechos humanos comenzaron el 5 de octubre del 2014, fecha en la que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación que era conducida por la Fiscalía de Guerrero.

El organismo internacional basó su investigación en los expedientes de las causas penales, los dictámenes de la Visitaduría General de la PGR, los certificados médicos contenidos en el expediente, la fe de lesiones ante el Ministerio Público, las declaraciones ante el Poder Judicial de la Federación y la entrevista con los procesados, sus familiares y testigos presenciales de las detenciones.

Las declaraciones de las víctimas refieren que fueron sometidos a golpes, asfixia con bolsas de plástico, toques eléctricos en distintas partes del cuerpo, tortura sexual, amenazas de muerte y violación a familiares de los detenidos, señalando como los autores a elementos de la PGR, SEIDO, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Federal y la Semar.

En este sentido, el documento recomendó a las autoridades judiciales y a la PGR excluir o declarar nulas las pruebas en las que existan razones fundadas de haber sido obtenidas bajo tortura, garantizar la incorporación de peritajes realizados por actores independientes como la CNDH, el Consejo de la Judicatura y organizaciones de la sociedad civil.

También a la PGR realizar “en un plazo razonable” las investigaciones para identificar a los responsables de las torturas y demás violaciones a los derechos humanos, identificando los patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos.

respuesta al documento

El gobierno de nuestro país rechazó la comisión de violaciones graves a los derechos humanos y actos de tortura durante su investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como lo documentó en un informe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores así como la PGR rechazaron el contenido de dicho informe, pues consideraron que es omiso y muestra vacíos de información.

El gobierno de nuestro país calificó como preocupante que dicho informe “arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”.

Refirió que se practicó el Protocolo de Estambul a los detenidos por el caso Iguala y “no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”. Sin embargo, dijo que “existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales”.