La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó que los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, en donde un alumno de 11 años disparó contra su profesora y compañeros, para después suicidarse, dan muestra de los vacíos institucionales existentes para identificar alertas tempranas sobre posibles riesgos para niñas, niños y adolescentes.

Además de que el sistema educativo del país continúa sin desarrollar una respuesta articulada para explicar y acompañar a sus estudiantes en los escenarios de crimen organizado con altos niveles de violencia.

"Los acontecimientos de Torreón no pueden verse ajenos a la cultura de militarización que ha dejado la fallida estrategia de seguridad. Lo que ha llevado a un flujo masivo de armas, a disposición de familias que buscan protegerse ante contextos de gran violencia, permitiendo el acceso a estas por parte de niñas, niños y adolescentes. Es necesario reconocer que la estrategia de guerra contra el crimen ha fracasado, impactando negativamente el Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo", urgió.

Asimismo, la Redim llamó a las autoridades a realizar las investigaciones adecuadas, garantizar el acceso a la justicia a las familias, la reparación del daño y evitar respuestas que criminalizan a la niñez vinculada a los sucesos, así como reducir los hechos a un tema de irresponsabilidad familiar tras los hechos ocurridos en el Colegio de Cervantes de Torreón, Coahuila.

Señaló que esta administración continúa con la misma fórmula, que ofrece los mismos resultados en la última década. 2019 es el año con el mayor número de homicidios dolosos en la historia del país. Desde el año 2000 al cierre del 2019 alcanza cerca de 21,000 niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso.

Y recordó el llamado realizado con anterioridad, ante el caso de 2017 en Monterrey, urgiendo al Estado a desarrollar una estrategia nacional de prevención y protección integral de la niñez frente a la violencia armada, en el marco de la Cultura de Paz.

Así como las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC-ONU) en 2015, que señaló con preocupación el alto nivel de violencia en el Estado Parte, que afecta a los niños tanto en las escuelas como en las comunidades, y especialmente, la violencia sufrida por los niños excluidos por el sistema educativo.

Por lo que recomendó realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas y niños a través de Internet, y fortalecer los esfuerzos para prevenir y atender este fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños que asisten a la escuela como a aquellos que no asisten.

Además de reiterar su rotundo rechazo al operativo "mochila segura" por ser un acto de discriminación institucional que ha demostrado ser un fracaso para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar, enraizados en problemas complejos como la violencia comunitaria, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad, al recordar la imposibilidad de implementar este operativo en cualquier orden de gobierno porque sería una violación a los derechos humanos, como lo establece la recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ha observado que dicho operativo, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior.