Al iniciar el estudio de fondo sobre la constitucionalidad o no de la objeción de conciencia por parte de médicos y enfermeras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dividieron en opiniones.

La objeción de conciencia implica que un médico o enfermera se pueda negar a cumplir un mandato legal de realizar procedimientos, como transfusiones, vacunación o abortos, con base en sus credenciales ideológicas.

Durante la sesión de pleno este lunes, el ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto que propuso declarar la validez y constitucionalidad de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 2018, en materia de objeción de conciencia. El proyecto reconoció el Estado laico, el derecho a la libertad religiosa y de conciencia por parte de los profesionales de la salud.

"Los médicos son seres sensibles, con necesidades personales, con convicciones internas, con ideas y concepciones de la ética, la religión y del mundo, convicciones que deben ser respetadas, mediante el derecho a la libertad humana de decidir y elegir en este caso entre su deber legal y la propia conciencia individual, disyuntiva nada fácil de solucionar consigo mismos", argumentó el ministro Aguilar Morales.

Durante una primera sesión este lunes sobre el tema, el pleno de la Corte determinó el parámetro de control de la constitucionalidad y estudió el primer planteamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, concluyendo que las normas impugnadas no son violatorias de la Constitución General desde el punto de vista competencial.

Posteriormente, los ministros y ministras comenzaron la discusión sobre el tema de fondo, y el debate continuará en la sesión del pleno del próximo lunes.

En un primer debate de criterios, el ministro Juan Luis González Alcántara se pronunció en favor del proyecto presentado, a pesar de no compartir o no coincidir en la necesidad de determinadas consideraciones sobre el modelo mexicano de laicidad.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que se trata de un proyecto exhaustivo y bien argumentado por parte de la ponencia de Aguilar Morales, y dijo estar de acuerdo, aunque sugirió precisar términos en el proyecto para dejar en claro que: "lo que es relevante para objeción de conciencia es que exista un deber jurídico y que la respectiva persona se opone a su cumplimiento al ser contrario a sus convicciones más íntimas".

También, dijo, "para dejar en claro que tiene efectos para todos aquellos que forman parte del sistema nacional de salud, y no sólo para los servicios de la administración pública federal y local y de seguridad social". En el mismo sentido se pronunció el ministro José Fenrando Goznález Salas.

Sin embargo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se pronunció en contra del proyecto, al considerar que, además de invadir esferas de regulación por parte del Congreso federal, la validación de la norma podría chocar con la recente despenalización del aborto que aprobó el máximo tribunal, ya que permitiría a los médicos o enfermeras no prácticarlo. Mencionó que el proyecto tampoco genera certidumbre jurídica para los profesionales de la salud.

"Dejarlo en estos términos, es caso imposible de administrar, es dar un cheque en blanco a la arbitrariedad. Es nuevamente, de manera disfrazada, permitir que se discrimine, que se abuse de las mujeres y personas gestantes", dijo.

El ministro consideró que la objeción de conciencia podría ser utilizado para negar a integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ servicios de aborto legal, planificación familiar, atención prenatal y tratamientos de esterilidad, entre otros.

Dijo que, además, "la propuesta carece de perspectiva de género e interseccional, al no reconocer que son las mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos, las que más sufren los impactos de la objeción de conciencia".

Pero el ministro Aguilar Morales sostuvo que el proyecto establece que la objeción de conciencia tiene límites y tiene que prevalecer el respeto a los derechos humanos, "pues sólo se puede hacer valer cuando se trata de una auténtica contradicción de conciencia dentro de los límites del contexto constitucional democrático".

Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat expuso que "es un tema complejo. Pudiera considerarse que es mejor impedir esta objeción para facilitar que los derechos humanos de pacientes sean respetados, y que además no sufran con vacilaciones los facultativos y enfermeros. Sin embargo, me parece que es posible armonizar estos derechos humanos y la objeción de conciencia a partir de la interpretación que propone el proyecto (del ministro Aguilar)".

El proyecto del ministro Aguilar acotó que los hospitales públicos deberán contar con personal de salud suficiente de carácter no objetor para garantizar que se presten los servicios en las mejores condiciones posibles.

"Esto es fundamental porque constituye un candado para evitar que se presente una práctica que pudiera ser perversa y alejada de la dignidad de la conciencia, y que sería que existiesen centros de salud que cierren sus puertas a determinados procedimientos médicos", sostuvo.

Por su parte, la ministra Norma Lucía Piña argumentó que en ciertas profesiones se permiten márgenes de discrecionalidad para su operatividad. "Por ejemplo, el sistema jurídico confiere discrecionalidad a los jueces para que puedan lograr ciertos fines, teniendo en consideración las peculiaridades siempre cambiantes e imprevisibles del caso concreto", destacó.

En ese sentido, afirmó que "la regulación de la objeción de conciencia en la prestación de servicios de salud es susceptible de afectar severamente derechos básicos para la autonomía persona como la salud y la vida de las personas, por lo que la norma impugnada debe ser enjuiciada bajo exigencias altas de seguridad jurídica. En mi opinión, la normal no satisface ese estándar constitucional exigible de seguridad jurídica. Considero que incide intensamente en la seguridad sobre el goce de los derechos a la salud, a la vida y su nivel de especificidad es muy pobre".

El debate de ministros de la Suprema Corte sobre la objeción de conciencia en personal médico continuará el próximo lunes 20 de septiembre. El pleno de la SCJN deberá decidir si las normas impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son respetuosas o no del derecho de protección a la salud de las personas.

jorge.monroy@eleconomista.mx