Mucho se habla y se escribe sobre el aborto y por qué debe ser legal, gratuito y seguro o por qué no debería serlo. A propósito de la decisión que tomó por unanimidad la SCJN el pasado 7 de septiembre que declaró que es inconstitucional criminalizar el aborto en Coahuila y el resto del país, ¿qué es un aborto, cómo se produce y por qué es importante despenalizarlo?

El aborto refiere al procedimiento donde se extrae del útero el tejido o producto de un embarazo. Esta interrupción del embarazo, dependiendo la etapa de gestación, puede realizarse por vía oral o quirúrgica, de acuerdo con la definición desarrollada por la Universidad de Harvard.

“El aborto y la interrupción legal del embarazo son términos teóricamente distintos, pero que suelen usarse con ambigüedad”, dijo Ameyalli Quetzalli Hernández Vázquez, Licenciada en Enfermería y Obstetricia por la ENEO de la UNAM.

En entrevista con El Economista, la profesional de la salud obstétrica enfatizó la importancia de entender las diferencias en el concepto. “El aborto, según la Organización Mundial de la Salud, es la interrupción del embarazo antes de que el producto sea viable (que tenga posibilidades de sobrevivencia a la vida extrauterina). Los abortos pueden ser espontáneos, recurrentes o inducidos”.

Bajo los términos de salud, un aborto espontáneo es la interrupción involuntaria de un embarazo antes de la semana 20 de gestación, o bien, de un producto menor a 500 gramos; que puede ocurrir por diversas complicaciones previas a la gestación o durante ella. Los abortos recurrentes definen la situación en la que las parejas enfrentan dos o más abortos de manera espontánea.

Por su parte, los abortos inducidos hacen referencia a las interrupciones de un embarazo que no están relacionadas con motivos de salud sino con la autonomía y desarrollo de las mujeres o personas gestantes. 

En este sentido, lo que conocemos como “ILE” significa interrupción legal del embarazo, y refiere al derecho de la mujer que, en el ejercicio libre de su autonomía, decide de forma voluntaria, someterse a la interrupción asistida del embarazo, ya sea bajo un tratamiento medicalizado o de ser necesario, un procedimiento de aspirado, en un contexto de legalidad, según la normatividad vigente en la entidad donde se encuentre, resaltó.

¿Y qué onda con el debate?

La interrupción del embarazo abarca tres ámbitos importantes: la esfera de la salud, la esfera jurídica y la esfera socioeconómica. ¿Por qué el aborto se encuentra en debate en los congresos y cortes en México y el mundo? ¿Por qué existen grupos antiaborto y grupos proderechos?

Todo recae en los choques conceptuales sobre "la vida" y el derecho a ella. Muchos grupos consideran que la vida comienza desde la concepción y que abortar atenta contra el derecho a la vida del producto.

Sin embargo, los máximos organismos internacionales en materia jurídica y de salud han ratificado que el producto no se ha desarrollado como un ser independiente al menos en las primeras etapas de la concepción y que por tanto el producto no es titular de derechos por encima de los derechos de la mujer o persona gestante. 

En México, por ejemplo, sólo cuatro estados tienen despenalizado el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación. El resto contempla sólo algunas situaciones en las que éste puede ser legal, como la violación o el riesgo de vida de la madre. 

Estas condiciones abren un debate más amplio: la penalización no está relacionada con la defensa de la vida del producto, sino con el castigo a las mujeres y personas gestantes por ejercer su autonomía sexual. 

Aún con una ola de grupos antiaborto, la lucha de las mujeres, activistas y organizaciones civiles continúa avanzando. Buscando la despenalización del aborto voluntario y la creación de sistemas que universalicen la educación sexual y el acceso a la planificación familiar y prevención de enfermedades.

Los abortos ocurren y el objetivo es caminar hacia esquemas en donde todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a la salud, estén protegidas por las leyes y puedan continuar con sus proyectos individuales de manera óptima. 

¿Cuáles son los riesgos de que el aborto voluntario esté penalizado?

Además de representar una violación fundamental a los derechos humanos, reproductivos y sexuales de las mujeres y personas gestantes, contribuye a normalizar y reproducir estereotipos de género y ampliar las brechas de desigualdad económica y social.

Pero no sólo eso: penalizar los abortos no detiene su práctica y fomenta que se realice en condiciones clandestinas y de inseguridad. En México, 3 de cada 4 abortos se practican en condiciones de inseguridad, de acuerdo con cifras de IPAS México.

“Las consecuencias de un aborto inducido en cuestiones de inseguridad son: un elevado riesgo de infecciones derivadas de una intervención invasiva, que además de no contar con una indicación médica fundamentada, se realiza sin medidas de esterilidad y  antisepsia, por personal no profesional”, resaltó Hernández Vázquez.

Adicionalmente,  los abortos clandestinos generan riesgo de hemorragia uterina, por no seguir el esquema de medicamentos y dosis establecido por la OMS, no conocer los signos y síntomas de alarma que ameriten un traslado de urgencia, o la inducción del aborto sin la previa realización de un ultrasonido que descarte un embarazo ectópico (fuera del útero), así como otras condiciones que requieren vigilancia estrecha del proceso de evacuación del producto, comentó.

“Recordemos que estas causas son, justamente, dos de las tres principales causas de muerte materna, sólo después de las enfermedades hipertensivas del embarazo”.

Legislar para que el aborto voluntario sea legal, gratuito y seguro no busca incrementar su práctica, sino reducir los riesgos de las mujeres y personas gestantes, especialmente de quienes pertenecen a comunidades indígenas, rurales o están en algún grado de pobreza, porque son ellas quienes con mayor frecuencia realizan abortos en condiciones de clandestinidad e inseguridad.

Caminando hacia la educación sexual y reproductiva integral

Como dijo la ministra Margarita Ríos Farjat en la sesión de la SCJN del pasado 7 de septiembre, “nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía, para después abortar”.

Interrumpir un embarazo de manera voluntaria no es el pasatiempo de nadie y siempre se buscará evitar dicha intervención. Desafortunadamente, en México el acceso a la educación, la información sexual, los servicios de salud están reservados para un porcentaje pequeño de la población: todavía el 30% de las mexicanas no es usuaria de métodos anticonceptivos y casi el total de estas mujeres son indígenas.

Del uso de métodos de anticoncepción de hombres ni siquiera existen cifras oficiales.

Por eso es fundamental no sólo dejar de criminalizar el aborto voluntario. Hay que despenalizarlo para garantizar el derecho a la salud, para dignificar y reconocer el ejercicio de la autonomía de las mujeres. Y acompañar todas estas acciones con sistemas integrales y universales de salud sexual y reproductiva.

“La importancia de despenalizar el aborto, radica en la protección de la salud de la mujer garantizando el acceso oportuno a los servicios médicos de interrupción legal y segura del embarazo, de forma que se reduzcan los riesgos de complicaciones que pongan en riesgo la vida. Negarles el acceso, implica una violación al Articulo 4o constitucional: el derecho a la salud. Crear esquemas de salud sexual y reproductiva es una de las mejores propuestas para la reducción de la muerte materna porque actúa desde la prevención. Por eso la importancia centrar los esfuerzos y recursos al primer nivel de atención. Educar a las niñas y niños sobre sus cuerpos, el auto cuidado y la gestión de la salud es la mejor forma de salvar sus vidas”, concluyó la especialista de la salud obstétrica.