De 33 órganos fiscalizadores del país, incluida la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que dependen de los 32 congresos locales y el federal, sólo el de Sonora, a petición del Ejecutivo local, iniciará un programa de auditoría especial para revisar gastos derivados de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

El órgano de fiscalización superior de Sonora realizará cuatro auditorías en tiempo real vinculadas al Covid-19: a Servicios de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson) y al Centro de Atención para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de Hermosillo.

A más de dos meses del inicio de la pandemia y pese a crecientes controversias sobre el manejo de los recursos públicos vinculados con la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, informó la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-Trac) de Transparencia Mexicana (TM) y Tojil, “sorprende que ningún órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de auditorías especiales”, pese a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, promulgada en el 2016, prevé la realización de auditorías especiales, llamadas de manera coloquial “auditorías en tiempo real”.

La CDMX, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora ya publican información de sus contrataciones relacionadas con Covid-19 en un micrositio oficial habilitado para la contingencia, en específico sobre qué bienes y servicios han comprado y a quién; y esta semana se sumó Guanajuato.

El gobierno guanajuatense publicó información sobre contrataciones por casi 56 millones de pesos.

“No obstante, todavía es desigual el tipo de la información que se hace pública. Al corte del 11 de mayo, sólo la CDMX llega al detalle de servicios contratados, incluyendo el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor, lo cual es ideal para efectos de transparencia ciudadana. Otros gobiernos enlistan la información relativa a las adquisiciones y su modalidad de contratación, pero no ofrecen mayor detalle sobre la identificación de proveedores a quienes se menciona solo por su razón social”, indicaron las ONG.

De acuerdo con Transparencia Mexicana -oficina en México de Transparencia Internacional- y Tojil “resulta alarmante” que 27 entidades federativas y el gobierno federal sigan omitiendo transparentar en un único micrositio las contrataciones en el marco de la emergencia.

Hicieron hincapié en que la función más importante de los congresos no es sólo legislar, vigilar al poder Ejecutivo y aprobar el presupuesto público, sino también supervisar el ejercicio de los recursos del erario.

“Lamentablemente un número importante de los congresos del país ha suspendido actividades por completo y de los 33 órganos técnicos que cumplen funciones de fiscalización en su nombre, 24 han suspendido o modificado plazos y términos relacionados con la fiscalización de los recursos públicos; y 14 de los 33 han suspendido completamente sus actividades”, se precisó.

Ambas organizaciones instrumentaron un mecanismo de seguimiento a los planes, programas, acciones y recursos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales durante la contingencia, denominado Susana Vigilancia con el propósito de vigilar los recursos erogados para la emergencia.

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