La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuya dictaminación en comisiones reiniciará esta semana para su votación inmediata por el pleno cameral del Senado, no eliminará el Consejo Ciudadano, por recomendación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dicho consejo, previsto en la ley vigente, está facultado para opinar sobre el desempeño general del ente autónomo.

La mayoría legislativa en la Cámara Alta, representada por Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES, había propuesto suprimirlo.

El plan de persecución penal será sustituido por el plan estratégico de procuración de justicia, que determinará los objetivos a desarrollar para hacer eficiente y eficaz la investigación y persecución del delito.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, elaborado a partir de la iniciativa presentada en octubre pasado por Ricardo Monreal Ávila (Morena), en la elaboración del plan referido habrán de considerarse, además de los informes sobre la situación de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, los diagnósticos ciudadanos sobre violencia.

Las instituciones en seguridad y justicia también podrán hacer observaciones, a petición específica del fiscal general, quien estará obligado a presentar el plan de procuración de justicia ante el Senado, para su aprobación, al iniciar su periodo al frente de la FGR.

Como parte de la nueva estructura de la Fiscalía se prevé que en caso de ausencia o falta temporal, el fiscal general será suplido por el fiscal de Control Competencial, quien también ocupará el cargo temporalmente si la ausencia es definitiva.

En caso de renuncia del fiscal general, que sólo procederá por causa grave, la decisión será sometida al pleno del Senado para su aceptación o no.

rolando.ramos@eleconomista.mx