Veracruz se convirtió en la cuarta entidad federativa del país en despenalizar el aborto voluntario, siempre que el procedimiento se practique como máximo en la semana 12 de gestación. Con esta modificación en la legislación estatal cerca de 4.2 millones de mujeres —la población femenina veracruzana— se acercan al ejercicio de uno de sus derechos reproductivos. Además de Veracruz, la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Hidalgo (2021), Oaxaca (2019) y la Ciudad de México (2007). 

A diferencia de otros países, en México son los congresos locales quienes tienen facultades para modificar, anular o integrar legislaciones que estarán vigentes en dicha entidad. Pero esto no significa que la población de un estado no pueda beneficiarse de la legislación de otro. Una de las interrogantes más importantes ante estos avances locales es justamente esa. Muy bien por Veracruz, ¿Pero qué pasa con quienes no viven ahí? Aquí te contamos las alternativas. 

Viajar a la CDMX y acudir a las clínicas ILE

Acudir a las clínicas ILE de la Ciudad de México. La capital mexicana tiene 14 unidades especiales para brindar servicios de salud reproductiva; en los que no sólo se atienden a residentes de la entidad; estas unidades atienden a cualquier mujer sin importar su residencia o nacionalidad. Esto implica que no sólo las mujeres de otros estados sino también las migrantes o turistas pueden acceder a este derecho. Para todas las mujeres o personas gestantes este servicio es completamente gratuito. 

Para las mujeres que deciden acudir a estas unidades los requisitos son: estar máximo en la semana 12 de gestación, identificación oficial original y en copia, comprobante de domicilio vigente oficial y en copia, un acompañante con identificación oficial original y en copia.

¿Y si no puedo pagar un viaje a la CDMX?

Y sí, seguramente hay muchas mujeres para quienes es imposible costear un viaje a la Ciudad de México, la estancia y los transportes, aun cuando el procedimiento sea gratuito. Para ellas también existen algunas alternativas; fundaciones como Fondo María o Ipas y clínicas especializadas como Marie Stops que dan apoyos económicos, asesoría, acompañamiento y otros servicios para que las mujeres económicamente vulnerables puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. 

Fondo María, por ejemplo, a través de una serie de estudios socioeconómicos puede brindarles a las mujeres y personas gestantes la posibilidad de cubrir los gastos que implica viajar a la Ciudad de México para practicarse un aborto de manera legal.

Ipas México tiene una serie de manuales de asesoría y acompañamiento a las mujeres para realizar abortos seguros en casa con fármacos, los cuales pueden usarse hasta la semana 10 de gestación. 

Por su parte, Marie Stopes tiene sucursales en entidades de alta marginación como Chiapas y Oaxaca en donde brinda servicios de ginecología, prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, aplicación de métodos anticonceptivos, y por supuesto, interrupción del embarazo, con precios significativamente más bajos. 

¿Qué onda con el Misoprostol y la Mifepristona?

El Misoprostol y la Mifepristona (o píldora abortiva) son medicamentos totalmente seguros que la OMS ha recomedado para inducir la interrupción de un embarazo. El uso de estos fármacos, la mayoría de las veces no necesita supervisión de un profesional de la salud al menos hasta la semana 10 de gestación. 

Se pueden usar de manera separada o en fórmulas combinadas, de hecho, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la OMS avalan el procedimiento por ser absolutamente seguro, efectivo y no invasivo. Adicionalmente algunos estudios sugieren que la fórmula combinada es más eficaz. 

Aquí puedes encontrar algunos manuales realizados por especialistas de la salud que explican paso a paso cómo realizar el procedimiento, los requisitos o las posibles contraindicaciones: https://iwhc.org/wp-content/uploads/2013/12/misoprostol_spanish.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=N7JhBo9XolI

Si te encuentras en alguna situación distinta a las descritas o tienes alguna duda específica puedes escribir en el correo adjunto al final.

¿Y por qué hablamos de aborto y de despenalizarlo?

La despenalización del aborto implica, entre muchas otras cosas, dar a las mujeres adultas la oportunidad de interrumpir sus embarazos de manera segura, gratuita y sin enfrentar procesos jurídicos por hacerlo. Adicionalmente, despenalizarlo es la clave fundamental para erradicar la criminalización de este proceso, que además está integrado como parte de los derechos humanos en el marco internacional. 

De modo que despenalizar el aborto es fundamental en materia de salud pública en México, donde la cuarta causa más común de muerte materna es el aborto clandestino o mal practicado, según cifras del Grupo de Información sobre la Reproducción Elegida (GIRE). Otra de las consideraciones a resaltar es que los datos reflejan también que gran parte de los fallecimientos que se relacionan con el aborto clandestino son mujeres indígenas, pobres, jóvenes o habitantes de comunidades rurales. 

Las cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud), además, sugieren que, contrario a los argumentos de muchos legisladores, la incidencia de abortos se reduce en los países en donde el aborto es legal mientras que en regiones donde está altamente restringido. Mientras que, en Estados Unidos y Canadá, donde el aborto es legal, la tasa de abortos cayó 0.4 puntos porcentuales del periodo 1990-1994 al periodo 2010-2014; en América Latina incrementó 2.1 por ciento. 

Despenalizar el aborto no provoca que la incidencia de este procedimiento aumente. Penalizarlo tampoco disuade a las mujeres o personas gestantes de practicarlo. Penalizar el aborto vulnera los derechos a la salud y a una vida libre de violencia. Penalizar el aborto profundiza las desigualdades sociales. Penalizar el aborto genera que exista un mercado clandestino de servicios no seguros que lucra con la autonomía de las mujeres y personas gestantes. 

Que las mujeres y personas gestantes puedan interrumpir sus embarazos de manera legal, segura y gratuita todavía es una deuda pendiente en 28 estados del país y en más de la mitad de los países de la región latinoamericana. 

ana.garcia@eleconomista.mx

kg