México: la ilusión estadística de la clase media

El pasado 19 de diciembre, el gobierno dio a conocer datos sobre reducción de pobreza y desigualdad, publicados por el INEGI y el Banco Mundial. De acuerdo con esta información, México habría logrado disminuir la pobreza e incorporar a un mayor número de personas a la clase media, con resultados superiores a los del resto de América Latina.

Según estas cifras —en números redondos—, entre 2018 y 2024 la proporción de personas en situación de pobreza pasó de 35% a 22%, mientras que la población considerada de clase media aumentó de 27% a 40%. Por su parte, el coeficiente de Gini, indicador de desigualdad que va de 0 (igualdad perfecta) a 1 (máxima desigualdad), mejoró entre 2016 y 2024, al pasar de 0.46 a 0.42.

De acuerdo con la metodología del Banco Mundial, se considera clase media a quienes perciben más de 17 dólares diarios, lo que equivale a 306 pesos al tipo de cambio vigente de 18 pesos por dólar (y no de 20, como se señala en el comunicado gubernamental). Esto representa un ingreso mensual aproximado de 9,180 pesos. Cabe señalar que una canasta básica —alimentaria y no alimentaria— tiene un costo cercano a 4,700 pesos, por lo que una persona con ese ingreso apenas podría adquirir menos de dos canastas al mes.

Por otra parte, se ha celebrado el incremento al salario mínimo, que pasó de 123 pesos en 2018 a 278 pesos en 2025, y que se estima aumentará por decreto a 334 pesos en 2026.

Las explicaciones oficiales para estos resultados apuntan principalmente al aumento del salario mínimo, la expansión de los programas sociales y el flujo de remesas. Sin embargo, pensar que con menos de 10,000 pesos mensuales una familia mexicana —típicamente integrada por cuatro personas— puede vivir y cubrir adecuadamente sus necesidades básicas, más allá del calificativo estadístico de “clase media”, resulta cuando menos poco realista.

Dos elementos fundamentales quedan fuera del análisis presentado el 19 de diciembre y ponen en entredicho la sostenibilidad de la estrategia gubernamental. El primero es el prácticamente nulo crecimiento económico. En 2025, la economía crecerá, en el mejor de los casos, apenas 0.3%. Vale recordar que hasta 2018 la tasa media de crecimiento anual era de 2%, mientras que desde entonces se ha reducido a un magro 0.8%. Para 2026 se estima un crecimiento de 1.2%, sustentado en factores inciertos como la renegociación del TMEC o el impacto del Mundial de futbol, al que de manera optimista se le atribuyen efectos económicos milagrosos.

El segundo factor omitido es el empleo. Si bien la tasa oficial de desempleo se ubica en 2.7%, la realidad es que el mercado laboral se ha desplazado hacia la informalidad, que ya concentra 55% de la población económicamente activa. Tan solo en 2025 se generaron 962,000 empleos informales, mientras que se perdieron 442,000 empleos formales. Esto responde, en parte, a que el salario mínimo —principal componente de los costos laborales— ha aumentado en un contexto de bajo crecimiento y ventas estancadas, lo que reduce los incentivos para contratar.

La segunda gran justificación gubernamental de la política redistributiva son los programas sociales, a los que ya se destina casi un billón de pesos. Sin embargo, ante una economía que no crece, el financiamiento de estos programas exige mayor recaudación, lo que presiona aún más a las empresas. Se configura así un círculo vicioso que puede romperse por uno de los flancos más vulnerables de la economía: las finanzas públicas.

El riesgo es una crisis fiscal derivada de la presión simultánea de tres factores: las pensiones no contributivas (programas sociales), las pensiones contributivas y el creciente servicio de la deuda. Al ritmo actual de endeudamiento, la deuda pública podría alcanzar 60% del PIB en 2027.

Actualmente, el gobierno destina 3.8% del PIB únicamente al pago de intereses de la deuda, una cifra superior incluso a las remesas, que con 61,000 millones de dólares representan 3.3% del PIB y constituyen la segunda fuente de divisas del país. Frente a este panorama, el reto central para 2026 es lograr crecimiento económico; de lo contrario, la estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad corre el riesgo de convertirse en un amargo regalo de Reyes.

Titular del posgrado en Microfinanzas de la UNAM