Los funcionarios públicos federales no tendrán impedimento para aceptar un obsequio en el periodo decembrino, siempre y cuando “sea parte de sus costumbres” (como un intercambio), que no lo hayan solicitado o no se los otorguen por la actividad que desempeñan. Es decir, sólo por cuestiones personales y no de parte de proveedores y contratistas del gobierno.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) incluyó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que exceptúa la prohibición para funcionarios de admitir regalos durante las fiestas de fin de año. Aunque esto se prohíbe actualmente en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Apenas en febrero pasado, la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, emitió el Código de Ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. En el artículo 20 también se impide “aceptar, exigir u obtener” obsequios.

Ambas normas abarcan a las parejas, parientes consanguíneos o civiles o terceros con los que tengan relación. Es decir, esas personas tampoco pueden recibir regalos por motivo del cargo público de sus familiares.

La SFP, en el acuerdo, reconoce que “las personas servidoras públicas gozan de un ámbito privado”. Explica que en esa “esfera íntima” los funcionarios forman parte de “la celebración de tradiciones, festejos y costumbres”.

Por lo tanto, en ese contexto, si es parte de su tradición o costumbre, sí podrán aceptar los regalos. La condición es que, al recibirlos, no pongan en riesgo la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de sus funciones. Tampoco deben generar un beneficio indebido.

Los funcionarios deben “abstenerse de buscar, solicitar, exigir, obtener o pretender obtener” para ellos o alguien cercano a ellos un regalo. La acción podría ser tomada como un acto de corrupción.

Antes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor desde el 2017, los funcionarios públicos podían recibir obsequios, cuyo costo no rebasara los 10 salarios mínimos, lo que actualmente equivaldría a 1,026 pesos.

Esta nueva disposición fue acordada porque el Poder Judicial se ha referido en varias tesis “a los rasgos característicos de la noción de lo ‘privado’”, informó a El Economista la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la SFP.

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