Durante el XLV Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), los gobernadores del país, principalmente del PAN y PRD, ofrecieron respaldo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, aunque demandaron no politizar ni ideologizar el combate a la inseguridad. Por su parte, los integrantes de la sociedad civil, en voz de Alejandro Martí, pidieron reforzar la estrategia de paz y seguridad.

Previo a la sesión del CNSP, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, se reunió con los gobernadores de los estados en Palacio Nacional, donde —de acuerdo con fuentes— los gobernadores del PAN y de Michoacán, Silvano Aureoles, expusieron su molestia con el gobierno federal por haberlos exhibido, mediante un informe el pasado martes, como ausentes en las mesas de seguridad en sus estados.

Aureoles dijo al término del CNSP que el hecho de que los gobernadores no asistan a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no implica que no atiendan el flagelo de la inseguridad en sus entidades.

“Hay estados donde el gobernador no se ha reunido ni una sola vez y han bajado los homicidios”, indicó.

En ello coincidieron sus homólogos de Guanajuato, Diego Sinhue, y de Nayarit, Antonio Echevarría, este último a quien se le exhibió de no acudir nunca.

Durante la reunión del CNSP, el mandatario de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez, demandó frente al presidente López Obrador y su gabinete de seguridad que “no debe partidizarse ni ser mezquinos con la seguridad de los mexicanos. No hay espacio para el regateo ideológico, sólo unidos se podrá vencer a la delincuencia. En la Conago somos los primeros en promover que se nos mida y evalúe (...) Que éste sea el último llamado al respeto a las instituciones y soberanías que representamos, porque sólo con respeto se podrá lograr la unidad contra la delincuencia”, sostuvo.

Posteriormente en entrevista, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que los gobernadores plantearon al secretario Durazo su inconformidad de que se quiera señalar a los estados como responsables de la inseguridad.

“Lo único en lo que no debemos estar de acuerdo es en que esta polarización creciente en ámbitos y sectores de la vida pública de México se traslade también al campo de la seguridad pública.

“Se había hecho el propósito de hacer de esto una zona de neutralidad política, y no empezar a generar sesgos valorativos de carácter político, y alguien renunció a ello. Se quiere volver a responsabilizar a los gobernadores de una incidencia delictiva que tiene competencia en la Federación, de la que nosotros colaboramos, pero no es al revés. En ese sentido no debe volver a imponerse la dinámica de tratar de transferir a los gobernadores la responsabilidad primera del gobierno federal”, afirmó.

Durante el evento, el integrante de la sociedad civil, Alejandro Martí, recordó que hace 11 años, durante una reunión del CNSP, planteó a los funcionarios su frase de: “si no pueden, renuncien”. Indicó que a la distancia se han logrado avances en materia de seguridad y planteó que actualmente existe el reto para el actual gobierno federal de fortalecer su estrategia de seguridad pública, mediante la consolidación del sistema penal acusatorio y de un modelo nacional de policía.

“México reclama la unidad nacional, porque solamente unidos podremos combatir la lacerante ola de violencia y la terrible impunidad en la que seguimos envueltos”, mencionó.

Finalmente, Rosario Piedra, titular de la CNDH, expresó que cualquier política de seguridad debe acompañarse del respeto a los derechos humanos.

El titular del Ejecutivo federal pidió a los mandatarios locales no delegar responsabilidades

Durante el XLV Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a los gobernadores del país a “sumar voluntades y esfuerzos” para enfrentar la inseguridad pública, y les pidió evitar actos de tortura, desapariciones y “masacres”.

Ante 31 gobernadores del PRI, PAN, PRD y Morena, salvo Miguel Barbosa, de Puebla, y luego de que el martes su gobierno los exhibiera al indicar que no asisten a las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el presidente López Obrador los llamó a no permitir la corrupción en sus corporaciones de seguridad y mejorar las condiciones salariales de sus policías.

“Marquemos con mucha claridad la frontera entre autoridades y delincuencia, que haya una línea divisoria. Evitar componendas, complicidades en todos los niveles (...) Que no gobierne la delincuencia”, planteó.

Acompañado de los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, López Obrador también pidió a los gobernadores un trabajo coordinado, compartir información y garantizar derechos humanos en el combate a la inseguridad.

“Nada de tortura, nada de desapariciones, nada de masacres, no el ‘mátalos en caliente’. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. Esas actitudes autoritarias, inhumanas, no son válidas, ni siquiera funcionan”.

López Obrador les pidió comprender que los delincuentes no son “malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales”. Por ello, les sugirió mejorar las condiciones económicas y sociales.

Y los emplazó a “no delegar la atención al problema de la inseguridad y de la violencia, asumirlo nosotros de manera directa”. El mandatario también pidió su colaboración para la consolidación de la Guardia Nacional.

“En este caso (...) estamos doblemente obligados a trabajar de manera conjunta”, mencionó.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, llamó a los mandatarios estatales a apretar el paso: “o le atoramos juntos, o fracasamos por separado”, indicó.

“El mandato de los mexicanos para todas las autoridades aquí reunidas es sumar sin pequeñeces ni regateos en las capacidades del Estado en su conjunto, los tres poderes, los tres niveles de gobierno y los órganos autónomos para regresar la paz y la tranquilidad”, afirmó Durazo.

Durante el XLV Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobó que el Secretariado Ejecutivo dejará de suministrar información sobre la consolidación del Sistema de Justicia Penal, tarea que ahora estará a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Además, se aprobó la fórmula de aportaciones a los estados y municipios, suministradas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; la colaboración de los estados en la política contra las adicciones y en campañas contra las extorsiones, entre otras medidas.

A qué acuerdos llegaron

• Se aprobó la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados, para el ejercicio fiscal 2020.

• Así como los ejes estratégicos, programas y subprogramas con prioridad nacional vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás recursos otorgados a entidades y municipios en materia de seguridad.

• Se dieron por presentados los informes de las entidades para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivas policías.

• Los integrantes del consejo designaron a los nuevos invitados permanentes de la sociedad civil: Mark Fastlicht Sackler, Jorge Luis Contreras Fornelli, Alejandro Joaquín Martí García, Avital Saskia Niño de Rivera Cover y Juan Manuel Hernández Niebla.

• Se instruyó a las instituciones de los tres niveles de gobierno para que, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), implementen la operación del Registro Nacional de Detenciones para los delitos del fuero común y faltas administrativas.

• Las entidades se comprometieron a colaborar con la SSPC en promover campañas para incentivar la denuncia ciudadana de todos los delitos de extorsión; así como informar al Centro Nacional de Inteligencia, de manera mensual, sobre todos los números telefónicos que los ciudadanos hayan reportado como probable origen de extorsiones.

• Avalaron crear mecanismos de cooperación con la Subsecretaría de Seguridad Pública de la SSPC para la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones en cada entidad.

• Y sumar a las entidades federativas para que capaciten a sus policías en materia de adicciones.

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