Durante los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las intenciones de apoyar a las comunidades indígenas y afromexicanas han sido buenas, sin embargo, los beneficios obtenidos hasta ahora son limitados, plantearon dirigentes de organizaciones originarias, quienes consideran que el jefe del Ejecutivo federal tiene la oportunidad de ofrecer evidencia de que realmente quiere apoyar a ese sector de la población, haciendo suya la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos indígenas que le entregaron en septiembre pasado, la presente al Congreso de la Unión y construya los consensos necesarios para que se apruebe.

José David Ruiz Aguilar, director general de la organización chiapaneca Kintiltik, destacó que muchos de los programas impulsados por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se están llevando a cabo en las comunidades, pero su implementación sufre de la intervención de diferentes actores “que vienen con la inercia de hacer las cosas solo por cumplir, sin que necesariamente se logre el objetivo de tener un impacto positivo”.

El también asesor de la Red Nacional Indígena (RNI) en materia de derechos, subrayó que los programas sociales federales, no tienen un monitoreo adecuado para asegurarse de que cumplan con el impacto deseado.

Puso como ejemplo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien, afirmó, ha sido una gran ventana de oportunidad para jóvenes indígenas, algunos de sus beneficiarios son violentados por patrones que les obligan a dar una parte de su beca, para acceder al beneficio. “Eso ocurre porque no hay un monitoreo eficiente de parte de la Secretaría de Bienestar”.

Dijo que una de las causas por las cuales las intervenciones del gobierno en las comunidades originarias no cumplen a cabalidad sus objetivos es la deficiente información con la que se implementan.

Concretamente la información no llega con pertinencia cultural. Eso quiere decir que las explicaciones de lo que las autoridades pretenden hacer no se hacen en las lenguas que las comunidades y, por lo tanto, no tienen claro qué es lo que se pretende hacer y sus beneficios.

Recordó que, por ley, las autoridades tienen la obligación de informar a las comunidades el detalle de las intervenciones en su lengua materna.

En ese sentido, mencionó que el acceso a la información es un derecho clave que permite ir reduciendo la brecha entre el derecho consagrado en los diferentes instrumentos legales y el derecho ejercido en la vida diaria de los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, actualmente no se violan flagrantemente los derechos sobre los territorios de las comunidades indígenas. Incluso se promueve que se apliquen los instrumentos internacionales con los que México está comprometido, por ejemplo, la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y de buena fe. No obstante, los resultados no han sido los adecuados porque hace falta mucha información de calidad que permita sensibilizar a los beneficiarios.

“Hasta ahora los resultados no han sido buenos, porque no se han logrado los objetivos planteados; sin embargo, las intenciones sí han sido buenas y es evidente, si se hace el contraste de los procesos que se vivieron en administraciones anteriores”, abundó.

El también ingeniero en biotecnología y maestro en ciencias bioquímicas subrayó que los programas de asistencia social han revolucionado la realidad de las comunidades. “En el caso de Chiapas, hay ejemplos de que jóvenes con sus becas han iniciado ya sus procesos de emprendimiento e, incluso, han generado opciones de empleo con una filosofía integral, de tal forma que el beneficio que ellos obtuvieron se expande a sus comunidades. Lamentablemente los casos son aislados, pero son evidencia que, con el adecuado acompañamiento, los resultados son positivos”.

Destacó el hecho de que ahora los recursos llegan directamente a las comunidades, lo cual es un cambio significativo en los niveles de bienestar que genera. Parte del éxito se debe a la participación de las comunidades.

En su opinión, en lo sucesivo debe fortalecerse, además de la comunicación con pertinencia cultural, las capacidades de las comunidades.

Lo que se necesita es vincular los cuadros indígenas formados con los programas sociales para que su implementación ya lleve la visión de las comunidades, lo cual implica un plan estratégico para el desarrollo de capacidades. No basta con que haya un ingeniero o un licenciado indígena, remarcó.

El dirigente indicó que, a pesar de los limitados resultados, hay una esperanza de los pueblos indígenas de que lo que está ocurriendo ahora sea parte de un proceso en el que también esté involucrada la transformación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDPI) en el nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que comenzó a gestar la nueva relación de los pueblos con las instituciones que integran el Estado Mexicano.

Recordó que la propuesta del gobierno federal es que sea un diálogo horizontal con un reconocimiento y respeto a las autoridades comunitarias.

Las expectativas abiertas en 2018 no se han cumplido

Por su parte, Carlos de Jesús Alejandro, integrante de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía y representante indígena de México en el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, destacó que, al inicio de esta administración federal, tanto en las comunidades indígenas, como en las afromexicanas, se generaron expectativas sobre establecer una nueva relación con el gobierno federal, basada en el reconocimiento de que vivimos en una nación multicultural y multiétnica.

Refirió que en el país hay alrededor de 68 pueblos indígenas con más de 370 variantes dialectales.

Las comunidades estuvieron a la expectativa de que se generaran políticas públicas adecuadas y se incrementara el presupuesto para disminuir los rezagos que hay en las diferentes poblaciones.

Llamó la atención en que, en México, para nadie es desconocido que cada que se construyen los índices de desarrollo humano o se mide la marginación, siempre las regiones donde habitan comunidades indígenas son las que obtienen las peores calificaciones. Eso se refleja en los estudios que realiza el Coneval, destacó.

El representante indígena señaló que, si bien se aumentó el presupuesto para inversión en obras de infraestructura básica en pueblos y comunidades, como caminos, puentes, sistemas de agua potable y alcantarillado, no se dio un giro hacia una política pública con perspectiva intercultural.

Nos generamos expectativas que, a tres años de gobierno, no vemos un avance sustancial relacionado con las políticas públicas y en la relación que los pueblos indígenas queremos cultivar con el Estado Mexicano, remarcó.

No obstante, mencionó que hay que reconocer que se han dado cambios relevantes, en políticas relacionadas con programas sociales, con los que se han beneficiados a adultos mayores, madres solteras y estudiantes.

Todo eso es reconocible, pero a diferencia del sexenio pasado en donde se había logrado que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ejerciera un presupuesto anual de alrededor de 12,000 millones de pesos, con la entrada del gobierno federal actual bajó.

Asimismo, destacó que los recursos destinados para comunidades indígenas y contemplados en el anexo 10 del presupuesto de egresos de la federación, a través de más de 15 instituciones, los ejercen a discreción, sin ningún tipo de candados y el INPI no tiene “dientes” para normar que se cumpla su ejercicio en beneficio de comunidades.

No vemos que haya un programa o una acción sustancial que busque cambiar de fondo el desarrollo de los pueblos indígenas. Entonces empieza a haber un desencanto, añadió.

Señalan avances y retrocesos

Por su parte, Patricia Torres Sandoval, fundadora de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México e integrante de la Red de Abogados indígenas reconoció que ha habido avances en la relación del gobierno federal con las comunidades indígenas, lo cual ha permitido hacer una serie de foros de consulta y la implementación de programas sociales que tienen como objetivo avanzar en la agenda de justicia social.

Puso como ejemplo el plan de justicia para el pueblo Yaqui, con el cual se pretende atender de manera integral a esa comunidad, desde la perspectiva indígena.

No obstante, consideró que también ha habido retrocesos en la obligación que tiene el gobierno federal para garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas.

También llamó la atención en la reducción del presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

“El tema del presupuesto federal para apoyo a comunidades indígenas sigue siendo uno de los grandes pendientes, sobre todo porque ha habido recortes particularmente en los programas que atienden a mujeres en general, lo cual afecta a las indígenas”.

Concretamente se refirió al recorte de presupuesto para la operación de las casas de la mujer indígena o afromexicana, que son espacios donde se brinda atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos en las vertientes de derechos de las mujeres, prevención de violencia, derechos sexuales y reproductivos.

La activista dijo que pareciera que las mujeres indígenas no son importantes y, por lo tanto, intentan recortar el presupuesto dirigido a esas casas.

Por otra parte, calificó como una simulación la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que una mujer indígena ocupe la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred).

Ha sido una simulación porque no hay personas, excepto el responsable del INPI, Adelfo Regino Montes, que siendo indígenas sean responsable de una instancia importante, refirió.

Piden aterrizar en la Constitución derechos consagrados en acuerdos internacionales

Los tres dirigentes indígenas urgieron al gobierno mexicano a presentar ante el congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena.

José David Ruiz Aguilar dijo que la propuesta entregada al presidente López Obrador el pasado 28 de septiembre, en Vícam, Sonora, en el marco de la ceremonia de perdón al pueblo Yaqui, abre un escenario de posibilidades donde las políticas públicas se implementen en el marco de un diálogo con las comunidades indígenas.

Dijo que lo que se requiere es que se aterricen los derechos que ya se tienen, con el fin de que se reduzca la brecha que hay entre los derechos en los instrumentos y el derecho que se ejerce todos los días en las comunidades.

En ese sentido, Carlos de Jesús Alejandro dijo que, si bien la propuesta de iniciativa se entregó en un evento público, el presidente López Obrador no hizo ningún comentario y no hizo público si la va a hacer suya y presentarla al Congreso de la Unión para su discusión y, en su caso, aprobación.

No fue muy alentador. Pero tenemos expectativas de que pueda ocurrir (que se presente y apruebe en el Congreso), sobre todo porque es el producto de un foro amplio con más de 54 reuniones a escala nacional.

Explicó que lo relevante de esa reforma es que se armonizaría a escala nacional el marco legal relacionado con las comunidades indígenas, poniéndose en sintonía con los tratados internacionales en la materia, suscritos por México.

El principal eje de esa iniciativa es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con lo cual se busca resarcir el pendiente de la reforma en la materia aprobada durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, cuando sólo se les reconoció como entidades de interés público, como si fueran una institución que no tiene vida, que no piensa.

Al respecto, Patricia Torres Sandoval comentó que, al ser consideradas constitucionalmente a las comunidades indígenas sólo como entidades de derecho público, las asemeja a una asociación civil o a una cooperativa, sin reconocimiento identitario, territorial, cultural ni jurídico, como personas que pueden tomar decisiones desde sus propias determinaciones. “Es como si consideraran a los indígenas que no tienen decisión por sí mismos, como si fueran menores de edad”.

En tanto, Carlos de Jesús Alejandro mencionó que con la reforma también se busca el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, “que es el derecho madre de nuestros pueblos”.

Aclaró que eso no tiene nada que ver con intenciones separatistas o balcanizadoras, sino con que se reconozcan sus formas de gobierno, sistemas normativos, como se procuran seguridad y justicia y cómo organizan su espiritualidad y ritualidad, así como la forma que buscan una relación armónica con el medio ambiente y los recursos naturales, tenencia de la tierra y el territorio.

Dijo que, en la legislación actual, se acentuó la idea de que la nación es única e indivisible, como si los pueblos indígenas quisieran dividirse respecto del país. Eso se tradujo en que se colocaron candados al derecho a la libre determinación.

Asimismo, planteó que es necesario el reconocimiento a la consulta con los principios del conocimiento previo, libre e informado a propósito de las amenazas que siempre se ciernen cuando se pretenden ejecutar proyectos de inversión para la explotación de recursos naturales, como mineros, hidroeléctricos o de industria eólica.

Además, abundó, es necesario que queden debidamente estipulados en la Constitución el reconocimiento de derechos de representación y participación política de los pueblos indígenas, así como relacionados con la educación, la tierra y el territorio.

diego.badillo@eleconomista.mx