“Buscamos y buscamos, y no encontramos”, concluyó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre los resultados de la investigación realizada contra Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante un posible conflicto de interés en la compra de 25 propiedades a su nombre, de sus hijos y de su actual pareja sentimental.

En conferencia de prensa, Eréndira Sandoval informó que las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) muestran que Bartlett no ocultó bienes dentro de su declaración patrimonial ni cometió faltas administrativas graves o tráfico de influencias.

Se detalló que, desde el 6 de septiembre de este año y a raíz de la investigación periodística de Arelí Quintero titulada “Bartlett Bienes Raíces”, en total fueron 33 las denuncias recibidas por este caso.

De estas denuncias, tres fueron presentadas por actores políticos y cinco por ciudadanos a través del programa de alertadores de la corrupción. “Todas y cada una de estas denuncias se sustentarán en la misma información publicada en el reportaje (...) En ninguna de las 33 denuncias se ofreció información complementaria para agregar datos de prueba a la investigación”, expresó la funcionaria.

Para sustentar la investigación, argumentó que las pesquisas se llevaron conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en las fechas en las que presuntamente se hubiesen cometido las irregularidades. Asimismo, puntualizó: “es relevante mencionar que el actual director inició su encargo en diciembre del 2018, por lo que se tenía que analizar con base en esta ley”.

Destacó que la SFP únicamente tiene atribuciones para investigar y sancionar actos de servidores públicos durante su desempeño de funciones y hasta siete años después.

“Hoy damos cuenta de los resultados y rechazo categóricamente que en esta secretaría se proteja o blinde a persona alguna”, defendió.

Sandoval detalló que para este caso solicitaron información a distintas autoridades, además de antecedentes de información fiscal y financiera relacionada con Manuel Bartlett, su actual pareja sentimental, Julia Elena Abdala Lemus, y sus hijos.

También se pidió información a la CFE, a la Dirección General de Información e Integración de la SFP, a la contraloría del Senado, al INE, y al Registro Público de la Propiedad, entre otras, mientras que Manuel Bartlett fue citado a comparecer ante la SFP el 2 de diciembre pasado.

“Una vez agotadas las investigaciones, se concluyó (...) no se desprende que el funcionario haya tenido conflicto de interés”, esto debido a que ninguno de sus hijos ni su pareja sentimental dependen económicamente del funcionario, además de que cuentan con ingresos propios.

“No mantiene una relación de matrimonio (...) En los bienes inmuebles a nombre de sus hijos tampoco existe la obligación legal de manifestarlos al ser mayores de edad sin dependencia de sus padres, ya que documentos muestran ingresos que perciben de forma independiente por actividades propias”, dijo.

Finalmente, Eréndira Sandoval aseveró que “la legalidad nos permitió llegar a la verdad de que el servidor público no faltó a la legalidad (...) No hubo omisión, no se violentó esa legalidad”.

En total, la SFP investigó 25 propiedades ligadas a sus hijos y actual pareja sentimental, de las cuales cinco están a nombre de Manuel Bartlett y están plasmadas en su declaración patrimonial.

Opinión de un experto

Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, pese a que la investigación sobre Bartlett fue realizada en apego al marco jurídico, se mantendrá una sensación en la opinión pública de que “fue una investigación estrecha”.

“Y que no es comparable con la que han realizado (la actual administración federal) en otros casos: el caso de Emilio Lozoya o los funcionarios de Pemex que participaron en la Estafa Maestra”.

Bohórquez añadió que los resultados de la investigación se dieron a conocer en un tono de “exoneración, no el tono que se ha tomado en otros casos”.

“No califico la investigación. La propia secretaria (Irma Eréndira Sandoval) lo dijo, que es muy limitada la capacidad de la Secretaría (de la Función Pública) para investigar los casos de corrupción. Lo que pudo verificar fue si había conflicto de intereses, si había omisiones en la declaración patrimonial”.

El especialista refirió que los grandes casos de corrupción deben ser investigados en la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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