A pesar de que desde noviembre, el Partido de la Revolución Democrática emitió un protocolo para blindar a candidatos y servidores públicos, hasta el momento no se han implementado acciones en contra de Bernardo Ortega, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, a quien presuntamente lo relacionan con el crimen organizado.

Desde la semana pasada, en el instituto político hubo reconocimiento en el sentido de que había una investigación en contra de dos militantes por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Carlos Navarrete, dirigente nacional, aseguró que se les aplicará el protocolo para descubrir si existen infiltraciones o nexos con el crimen organizado o hechos ilícitos.

Según el protocolo aprobado por el Comité Ejecutivo del PRD e implementado desde noviembre, en caso de que el CEN tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de un político, el partido exigirá que se presenten de inmediato a declarar ante las instancias ministeriales o jurisdiccionales que correspondan. Incluso si dichos servidores públicos se niegan a comparecer de inmediato, el partido procederá a abrir un procedimiento de suspensión de derechos partidarios.

Y es que a Bernardo Ortega (ligado a la corriente Nueva Izquierda) se le acusó de tener vínculos con líderes del grupo delictivo de Las Ardillas, el cual encabezan sus hermanos Celso y Antonio. El perredista se deslindó del caso y aseguró que desde el 2005 no tiene contacto con sus familiares.

Desde el 2012 a Bernardo Ortega Jiménez se le hicieron señalamientos en el sentido de criticar por qué se convertiría en el coordinador de fracción parlamentaria, cuando es hijo de Celso Ortega Rosas La Ardilla, detenido por agentes federales presuntamente por encabezar un grupo de narcotraficantes y tiempo después ejecutado.

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