En el marco de la pandemia de Covid-19 se documentó que los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) contaron con poco tiempo para adaptar las medidas de higiene necesarias, además de irregularidades en su funcionamiento, alertaron organizaciones sociales.

A través del informe “Violencia en Espera de Atención”, elaborado por Equis Justicia para las Mujeres y el Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para Mujeres (OCCejum), se indicó que los Cejum son considerados como actividades esenciales, por lo que no han parado sus operaciones durante la contingencia por Covid-19; no obstante, el desafío para estas agencias se ha complicado a raíz del aumento de violencia en contra de las mujeres debido al confinamiento.

Pues, aunque el informe expone que los Cejum no han dejado de brindar atención, los testimonios recolectados por las organizaciones integrantes del estudio muestran que la prestación de servicios se da en algunos casos garantizando un trato digno e integral, el informe da cuenta de que el acceso también está siendo condicionado a requisitos como el acompañamiento de activistas, contar con una denuncia o, incluso, en algunos casos, sufrir un hecho de violencia extrema.

Al analizar las acciones implementadas por los Cejum de Torreón (Coahuila), Oaxaca (Oaxaca), Tlaxcala (Tlaxcala) y Mérida (Yucatán), las organizaciones documentaron que, en la mayoría de los centros estudiados, hubo contradicción respecto a los horarios de atención. Como es el caso de Tlaxcala, donde al entrevistar a una funcionaria se señaló que todos los servicios se siguen proveyendo y hay atención todo el día, sin embargo, el horario del Cejum emitido por la Conavim es de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, con guardias presenciales hasta medianoche.

Mientras que la inactividad durante el fin de semana restringe el acceso de las mujeres a la justicia. El Observatorio reporta un caso en el que una usuaria, Fátima, quien acudió dos veces, en el transcurso de un mes, al Centro de Justicia para las Mujeres. La segunda ocasión, después de una confrontación que tuvo con su expareja, la policía municipal notó que Fátima estaba golpeada y la llevó al DIF municipal, donde la remitieron al Cejum. Ella relata que llegó un sábado aproximadamente a las 15:30 de la tarde y ya estaba cerrado, así que tuvo que regresar al día siguiente.

Por otro lado, se halló que a pesar de que los Cejum constituyen una política pública destinada a las mujeres, la experiencia de acompañamiento del Observatorio demuestra que el acceso se limita a usuarias que cumplan con ciertos criterios.

Ello debido a que el catálogo de servicios publicado por la Conavim, señala que los “servicios en los que se continúa brindando atención de manera presencial en los centros, en los casos de alto impacto o de alto riesgo que comprenden: delitos sexuales, utilización de armas punzocortantes o armas de fuego, policontundidas, tentativa de feminicidio, los generadores de violencia pertenezcan a dependencias de seguridad pública, sean militares o tengan acceso a armas de fuego o pertenezcan a la delincuencia organizada, el imputado esté detenido”.

Por lo que la jerarquización de la violencia por el criterio de que sea extrema o porque haya presencia de armas también ignora agresiones como la psicológica o patrimonial, que van en detrimento de una vida plena. Además de que esta decisión revictimiza a las mujeres colocándolas en una posición de riesgo, al enviarlas a los espacios donde experimentaron agresiones.

En tanto, también se expuso que existe omisiones por parte de otras autoridades durante el proceso de atención a las usarías de los centros, ya que documentaron casos en que los Ministerios Públicos no explicaron claramente sus derechos a las denunciantes ni que debían dar seguimiento a su carpeta de investigación o incluso sólo atendían peticiones de protección después de la intervención de las activistas. Así como limitar y condicionar el acceso a los servicios de los Centros, por la interposición de una denuncia e incluso, en algunas ocasiones, desincentiva la entrada.

Por último, entre las recomendaciones expresadas por las organizaciones, se pidió a las fiscalías estatales capacitar a su personal sobre los protocolos de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia para mejorar la recepción y canalización de casos, así como prevenir y erradicar prácticas de revictimización y posibles violencias institucionales. 

kg