A partir de la implementación de la primera etapa del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA)el 24 de noviembre del 2014, casi 80% de los casos consignados ante los Centros de Justicia Penales Federal han sido presentados por actos cometidos en flagrancia y no por carpetas de investigación, de acuerdo con datos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los números revelan también que 18% del número total de personas presentadas ante un juez de Control para Audiencia Inicial por delitos federales del NSJPA fue puesto en prisión preventiva durante el periodo que comprendió de enero del 2015 a julio del año en curso.

El predominio de la consignación por actos en flagrancia, a decir de la directora del Área de Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), María Novoa, evidencia una debilidad a nivel de ministerios públicos, policías de investigación, servicios periciales y forenses, en materia de investigación criminal.

De acuerdo con el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, se entiende que existe flagrancia cuando el inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito; inmediatamente después de ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente .

Es de mencionar que según datos del Consejo de la Judicatura Federal, de noviembre del 2014 a la fecha han sido ingresados 32,140 asuntos a los 37 Centros de Justicia Penal Federal, de los cuales 16,916 fueron causas penales.

La mayoría de los delitos de estas causas, es decir 55%, fue por portación de armas de fuego.

De acuerdo con los números, 21.5% de los delitos se refiere a aquellos cometidos contra la salud; 7.6% por robo de hidrocarburos; 2.2% delitos fiscales; 2% faltas contra el medio ambiente; 1.9% secuestro; 1.5% tráfico de personas; 1.2% delito patrimonial, y 6.6% está compuesto por otros ilícitos.

María Novoa detalló a El Economista que existe menos exigencia en cuanto a la investigación criminal cuando hay flagrancia en la aprehensión, en contraste de aquellas denuncias sin detenidos, cuyo rezago a nivel de procuradurías se va acumulando.

Informó que el CIDAC ha identificado un importante rezago de las carpetas de investigación que no han sido determinadas o despachadas, con casi 50% en promedio nacional, lo que implica que en una de cada dos carpetas iniciadas no se ha tomado ninguna determinación.

Según información recabada por este centro de análisis, del 2014 al 2015 el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación con detenidos pasó de 660,538 a 371,308.

María Novoa indicó que esto implica un cambio en la política de seguridad o pocos incentivos a los policías para concretar las detenciones.

Los números y los debates?de la prisión preventiva

Estadísticas del Poder Judicial federal muestran que del 1 de enero del 2015 al 10 de julio del 2017, un total de 14,656 personas fueron presentadas ante el juez de Control para Audiencia Inicial por delitos federales del nuevo sistema acusatorio.

De esta cifra, 11,334 personas fueron vinculadas a proceso, de las cuales 3,173 obtuvieron la suspensión del procedimiento. De esa cifra, 94 fueron por acuerdo reparatorio, es decir, hubo una negociación entre víctima y presunto infractor.

Según el Poder Judicial federal, 2,695 personas se ubicaron en prisión preventiva durante el periodo comprendido entre el 2015 al 2017. De ellas, 82 obtuvieron libertad: 76 por suspensión condicional y seis por acuerdo reparatorio.

A poco más de un año de la implementación total del NSJPA, el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva ha provocado tensiones entre el Poder Judicial y los órganos de gobierno encargados de investigar y perseguir los delitos del orden federal, en particular lo relativo a la posesión ilegal de armas de alto calibre.

En el Congreso de la Unión, tanto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como diputados y senadores empujan la idea de llevar a cabo una reforma constitucional para que la portación de armas de uso exclusivo del Ejército sea considerada como delito grave y amerite prisión preventiva para aquellas personas que sean detenidas por este motivo.

Al respecto, el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, se pronunció por la revisión, pues nos resulta un poco complicado entender que una persona que detenemos con armas como las Barrett, lanzacohetes, lanzagranadas, que necesariamente se van a emplear no con fines de esparcimiento, eso es un hecho obvio , dijo esta semana.

Al respecto, la profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ariadna Salazar Quiñonez, considera que ello debilitaría al sistema penal acusatorio.

Si bien, expresa, se entiende el temor de la opinión pública sobre la posibilidad de dejar en libertad a delincuentes que hayan sido capturados con armas de alto calibre, es el Ministerio Público el que ahora está facultado para solicitar la prisión preventiva, pero debe tener las capacidades suficientes para justificarla y argumentarla.

Concebir la prisión preventiva como medida de seguridad es una especie de populismo punitivo (...) Tenemos la percepción de ideas inquisitivas de ‘a la cárcel y luego investigamos’ , advirtió.

Expuso, también, que uno de los principios rectores más importantes en el sistema acusatorio es la presunción de inocencia.

Cifras del Poder Judicial capitalino revelan que hasta mayo pasado fueron vinculadas a proceso 6,908 personas, pero de éstas, 4,445 siguieron su juicio en libertad

Desde que inició el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio el pasado 18 de junio del 2016, al mes de abril de este año, se han iniciado 9,781 carpetas de investigación, dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con cifras del Poder Judicial local, al mes de mayo del 2017 se han vinculado a proceso a 6,908 personas, de las cuales a 2,463 se les dictó prisión preventiva, por lo que 4,445 siguen su juicio en libertad.

Asimismo, a esa misma fecha a 6,524 personas se les dictó una medida cautelar entre las 14 que prevé el Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre éstas, la normativa contempla la presentación periódica ante el juez, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores, la prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en la que reside.

Además del sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas u ofendidos, la separación del domicilio, separación temporal del cargo para servidores públicos, colocación de localizadores electrónicos, resguardo domiciliario y prisión preventiva.

Con la reforma constitucional se redujo el catálogo de delitos considerados graves, por lo que sólo en los supuestos contenidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se podrá dictar la prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior cobra relevancia luego que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, declaró que la decisión de la Corte que permite abrir audiencias para quienes estén encarcelados por procesos sobre delitos graves de la anterior legislación, puedan solicitar llevar sus juicios en libertad.

Esto, dijo en entrevista, podría poner en libertad a cerca de 4,000 presos tan sólo en la Ciudad de México. Sin embargo, con anterioridad utilizó el mismo argumento para justificar el aumento de los índices delictivos en la ciudad.

Hoy la Ciudad de México tiene 12,000 o más presos, que estaban en prisión preventiva o en prisión ya compurgando una pena, que están afuera , dijo en marzo.

Mancera Espinosa, desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, impulsa reformas al Nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de ampliar el catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa.

El jefe de Gobierno asegura que lo que se busca es la mejora del sistema de justicia penal a través de su perfeccionamiento. (Con información de Leopoldo Hernández)

ana.langner@eleconomista.mx