La discusión, las modificaciones y la aprobación del paquete de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Congreso de la Unión demostraron que el combate a la corrupción dista de ser una prioridad del gobierno y de los partidos políticos, observa el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

El desenlace legislativo de la Ley 3de3 fue una muestra más de cómo la clase política parece más interesada en conservar sus esferas de poder e intereses intactos, que tomar en cuenta los crecientes niveles de hartazgo entre la ciudadanía en torno al tema de corrupción, expone un equipo de este centro a través del análisis político Oídos sordos ante la corrupción

De acuerdo con el documento, la corrupción se ha convertido en una de las principales fuentes del descontento de la ciudadanía hacia las distintas instituciones del Estado y del sistema político en el país, superando incluso los rubros de seguridad, educación y economía.

El CIDAC recuerda que los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio demostraron que la ciudadanía está dispuesta a utilizar su voto como señal de desaprobación y castigo.

Agrega que el desenlace de la propuesta ciudadana conocida como Ley 3de3 quedó lejos de garantizar un esquema de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.

Las modificaciones de último momento a los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas transformaron la esencia de la iniciativa ciudadana y dieron lugar a un sistema prácticamente inoperante.

En primer lugar, la modificación del artículo 29 de la ley que desechó los formatos que se habían planteado para hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses e introdujo el concepto de afectación a la vida privada , como resquicio para que los funcionarios logren evitar publicar sus declaraciones, terminó por quitar los dientes a la iniciativa, expone el CIDAC.

Por otro lado, abundó, la inclusión del artículo 32, que obliga a todas aquellas personas físicas y morales que presten sus servicios, ejerzan o reciban recursos públicos, o contraten con entes públicos, a publicar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, resultó en una ley inoperante.

Ello, argumenta, si se considera que de acuerdo con la letra del artículo 32, prácticamente todos los ciudadanos desde los grandes empresarios hasta los miembros de programas sociales como Prospera, los becarios del Conacyt, los receptores de subsidios al campo, entre muchos otros estarían obligados a presentar sus declaraciones.

Para el CIDAC, existe una brecha entre la ciudadanía y sus instituciones y la falta de voluntad por parte de la élite política por hacer frente a la principal demanda de la sociedad. Es evidente que el gobierno y los partidos políticos buscan preservar sus intereses a como dé lugar en lugar de transformar las instituciones por la vía de la transparencia, apertura, rendición de cuentas y diálogo , indica.

ana.langner@eleconomista.mx