La participación de adolescentes en crímenes de alto impacto como secuestros y homicidios no es un fenómeno reciente en México, pero sí un problema no atendido por las autoridades, consideradon especialistas.

El presidente y fundador de la organización Cauce Ciudadano, Carlos Cruz Santiago, destacó la importancia de implementar un modelo educativo basado en competencias psicosociales que permita a los adolescentes percibirse como factores de cambio.

Dijo que en la actualidad la mayoría mantiene una baja aspiración para generar un proyecto de vida y la sociedad no los considera como parte del bono demográfico al cual se debe invertir para transformar y erradicar las conductas violentas.

“La mayoría de los chicos con los que trabajamos no han visto una oportunidad de crecimiento; cuando se trabaja con desarrollo psicosocial, los adolescentes generan una comunidad”.

De acuerdo con información estadística del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, hubo una disminución de la población de adolescentes en centros de tratamiento: mientras en abril había 6,748 jóvenes, en mayo la población fue de 6,643.

En tanto, el coordinador de estudios especiales del Observatorio Nacional Ciudadano, Manuel Vélez, aseguró que la carencia de oportunidades para los adolescentes, así como el crimen organizado, son los principales factores para el aumento de la delincuencia juvenil. Puntualizó que no es un fenómeno exclusivo de México, sino en general de América Latina.

“Ellos son la carne de cañón, los más vulnerables y son a los que atrapan más fácil dentro de las estructuras criminales; son los que ejecutan las conductas, más no (son) los autores intelectuales”.

Los expertos coincidieron en la necesidad de entender la problemática como un conjunto que se compone de una deficiencia legal, que utiliza elementos punitivos en vez de correctivos, en los que no se toman acciones para su reintegración en la sociedad y estudiar las causas que generaron el proceso de descomposición social en los últimos 20 años.

“El sistema judicial los puede encarcelar con más facilidad, los verdaderos autores de crímenes tiene más recursos para comprar su libertad, mientras que ellos al contar únicamente con los defensores de oficio, las posibilidades de enfrentar un juicio con éxito son muy bajas”, concluyó Manuel Vélez.

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