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Indagan presunta entrega irregular de contrato en INE
Se señala una probable responsabilidad en un contrato del Instituto Nacional Electoral para la prestación de servicios de alimentos, por un monto de 105 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo vinculación a proceso en contra de cuatro funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) por su probable responsabilidad en la entrega de un contrato irregular para la prestación de servicios de alimentos, por un monto de 105 millones de pesos.
Los funcionarios fueron vinculados a proceso por un juez federal por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue acreditado ante el juez la probable comisión del delito referido, luego de que el Órgano Interno de Control del INE presentara una denuncia debido a una licitación pública que dio origen a un contrato, el cual fue anulado por el mismo OIC en agosto del 2019.
A las cuatro personas se les impuso la medida cautelar de presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial, además de la vigilancia del OIC del INE, con relación al contrato en controversia.
Por su parte, el INE recibió la notificación del procedimiento abierto contra cuatro de sus funcionarios, y que pertenecen a la Dirección Ejecutiva de Administración.
El órgano autónomo indicó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó la suspensión de los cuatro funcionarios, pero el juez no la concedió y otorgó un plazo de seis meses para verificar si las imputaciones con ellos tienen sustento.
Destacó que, por lo tanto, para los cuatro funcionarios priva la presunción de inocencia como el mismo juez lo expuso en la audiencia. El OIC no ha informado si la investigación sobre el caso ha concluido y si habría alguna responsabilidad administrativa.
La carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada menciona el presunto otorgamiento indebido, por parte de dichos funcionarios, de un contrato de prestación de servicios por un monto de 105 millones de pesos, de los cuales el INE pagó 15 millones.
