De marzo del 2018 a la fecha, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León ha integrado alrededor de 50 carpetas de investigación, que derivaron en la vinculación a proceso alrededor de 10 personas, entre ellos expresidentes municipales, exsíndicos y funcionarios menores, informó su titular, Javier Garza y Garza.

En entrevista, el funcionario explicó que cuando asumió el cargo había alrededor de 160 carpetas de investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción, pero en algunos casos las vinculaciones a proceso que se habían dado se “cayeron”, al no poder argumentarse en los tribunales, dada la fragilidad con la que se habían integrado las consignaciones.

El funcionario dijo que, si bien ya se integró el Sistema Estatal Anticorrupción, del cual forma parte la institución a su cargo, aún hay mucho trabajo por hacer, particularmente en el ámbito legislativo, ya que en algunos casos con la legislación vigente se obliga a la fiscalía a demostrar actos subjetivos. Por ejemplo, expuso que la ley dice “el que a sabiendas”, lo cual es difícil de acreditar.

Informó que la fiscalía anticorrupción cuenta con 10 agentes del Ministerio Público, y hace falta cubrir otras plazas no cubiertas, así como peritos. Eso ha colocado a la fiscalía en una situación delicada, ya que no hay presupuesto para cubrir las plazas que faltan, añadió. “En teoría, somos autónomos en el manejo de nuestro presupuesto, pero la fiscalía general es la que maneja los recursos, y ahí es donde estamos limitándonos”, refirió.

En cuanto a la operación, dijo que no existe ningún problema, porque la fiscalía a su cargo opera de forma totalmente autónoma.

El problema que enfrentamos es que nuestros principales insumos (denuncias) provienen tanto de la contraloría estatal como de las municipales y la Auditoría Superior del Estado, y en el año pasado hubo apenas alrededor de cinco denuncias, tres de la contraloría del estado y dos de la auditoría superior, “y este año nada”, agregó.

Explicó que “el combate a la corrupción se está dando en Nuevo León, pero con las restricciones correspondientes de la falta de presupuesto y falta de movilidad al respecto, porque a lo mejor a la gente interesada no les interesa que esto funcione”.

El funcionario comentó que de la llamada Operación Tornado, en la que se abrieron procesos sobre presuntos delitos relacionados con actos de corrupción presuntamente cometidos por el exgobernador Rodrigo Medina y algunos de sus colaboradores, de las 30 carpetas de investigación que se iniciaron, cuando él asumió el cargo sólo quedaban 22, y “ahorita si quedan cinco son muchas”, debido a la fragilidad con la que fueron integradas las consignaciones y vinculaciones a proceso, y a que no se pudieron reunir las pruebas para sostener los casos ante los jueces.

De las 28 vinculaciones a proceso de exfuncionarios relacionados con ese caso, fueron aprehendidos el exgobernador Medina, quien estuvo detenido menos de 20 horas, pues consiguió un amparo, y el exdirector de Ejecución de Obras de la Secretaría de Obras Públicas, José Agustín Téllez, quien estuvo preso cuatro meses.

Por otra parte, el gobierno actual, que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, también ya tuvo su primer escándalo. El periódico El Norte denunció en febrero del 2016 compras de 200,000 cobijas a sobreprecio, efectuadas en diciembre del 2015 por la Subsecretaría de Finanzas y Tesorería General.

De acuerdo con la organización civil Ethos, hasta el 5 de julio pasado, en Nuevo León hacía falta la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pero ya cuenta con su Comité Coordinador del Sistema, Comité de Participación Ciudadana, fiscal anticorrupción, magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas, y secretaría ejecutiva del sistema que es el reflejo del Sistema Nacional Anticorrupción, que se implementa a escala federal.

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