El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores promueve reformar el artículo 35 de la Constitución en materia de consulta popular por considerar que el texto vigente es “limitativo, acotado y complejo de operar’’, y que ello hace “casi imposible’’ instrumentar la figura de participación ciudadana.

La iniciativa, presentada en tribuna por Daniel Gutiérrez Castorena, sugiere que el tema de ingresos y gastos del Estado pueda ser sometido a consulta popular, lo que hoy está prohibido.

“Consideramos que precisamente esos asuntos son de especial relevancia para la ciudadanía, y resulta injusto e injustificable que los ciudadanos queden fuera de toda opinión respecto al ejercicio recaudatorio y al gasto público, dos materias que les atañen directamente’’, cita la propuesta en la exposición de motivos.

Desde la perspectiva de los promoventes, un sistema de gobernanza democrática y participativa, eficaz y transparente, que rechace toda forma de corrupción y que esté dispuesto en todo momento a la rendición de cuentas, debe asumir la consulta ciudadana como una fórmula para gobernar con el pueblo y para el pueblo, que es quien sufre los desvíos y las pésimas decisiones.

A través de la consulta popular, amplía el proyecto, los gobernados podrían “beneficiarse con un adecuado, eficiente y consensado ejercicio fiscal y presupuestario’’.

Los legisladores de Morena sugieren, además, establecer que la consulta popular se podrá convocar en cualquier tiempo, salvo durante periodo electoral; incluir entre los convocantes a los gobernadores de los estados, al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los legisladores locales; que la consulta sea organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) sólo cuando ésta sea convocada por los ciudadanos, y eliminar la obligatoriedad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre la constitucionalidad de la materia a consultar.

“La intervención que el texto constitucional actual reserva a la Suprema Corte de Justicia, exigiendo que el máximo órgano judicial del país resuelva en todos los casos sobre la constitucionalidad de la materia de consulta, previo a la convocatoria del Congreso, resulta, por decir lo menos, sumamente limitadora y ociosa, retardando los tiempos, complicando el procedimiento, y haciendo nugatorias las ventajas de una rápida y directa consulta al pueblo sobre los temas de su interés’’, precisa la iniciativa.