Dado el elevado número de asuntos relacionados con decisiones o actos de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que están pendientes de resolver, aún no es posible tener un juicio sobre sobre su independencia respecto del poder Ejecutivo federal, planteó la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre.

Sin embargo, dijo que lo que sí es posible afirmar es que el Presidente quiere tener el manejo exclusivo de todos los recursos de México y pareciera que la división de poderes le estorba. “Le estorban los legisladores y ahorita le está estorbando la Corte”.

En entrevista, la cabeza de esa organización dedicada a la construcción de ciudadanía, así como a promover mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas, destacó que la acción de la SCJN será muy importante, si logra quitarse las presiones del Ejecutivo y actuar como un órgano de contrapeso.

En su opinión, la impugnación ante el poder Judicial de varias decisiones del gobierno del presidente López Obrador, la coloca en un lugar muy riesgoso.

A manera de ejemplo citó el caso de la constitucionalidad de la pregunta propuesta por López Obrador para consultar si se debe enjuiciar o no a los últimos expresidentes.

“Si la Corte hubiera decidido que es ilegal que se haga la consulta, la gente va a pensar: claro dicen que es ilegal porque son unos corruptos y no quieren que se juzgue a los exmandatarios. Pero si decide que sí, también estaría cometiendo una ilegalidad porque no hay manera de justificar que la justicia pase por una consulta popular”.

Ante esa situación, según presidenta de esa organización, entonces la Corte va a terminar debilitada. “La están poniendo frente a un gran riesgo y el Presidente la presiona todos los días que puede”.

En ese sentido, recordó que hace unos días, justo horas antes de que la SCJN fallara sobre la consulta sobre enjuiciar a expresidentes, López Obrador afirmó que, si la Corte decía que no, él mandaría una iniciativa de reforma a la ley para que sí se realice. Lo que están haciendo es poner en una situación muy complicada a la Corte, recalcó.

Debilitar a la Corte tiene consecuencias

Morera Mitre destacó que debilitar a la Corte tiene grandes consecuencias, porque es la última instancia que tenemos los ciudadanos por algo que nos haga el Ejecutivo.

Definitivamente la narrativa actual del gobierno pretende hacer un cambio para desmantelar todo lo que había, porque ellos piensan que todo el pensamiento neoliberal es malo, pero al ir concretando los cambios que desean, no observamos que estén cambiando para mejor, abundó.

Dijo que ahora lo que hay que conocer es si la SCJN tiene el suficiente capital político para resolver la cantidad de asuntos legales que le están llegando por la llamada cuarta transformación.

“Les están llegando muchísimos asuntos vía controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que no sabemos si van a tener ese capital político que necesitan para resolver tantas cosas”, mencionó.

La activista ciudadana destacó que en lo que va de la actual administración se han identificado una serie de acciones de gobierno que presuntamente son ilegales, lo cual es muy preocupante.

Morera Mitre comentó que Causa en Común presentó en agosto pasado el estudio “El asalto a la ley en 2020”, en el que se revela el continuo ataque del presidente López Obrador contra los sistemas legales e institucionales que garantizan derechos y libertades.

Dijo que se trata de casos de probables violaciones a derechos humanos, al marco legal en temas relacionados con derechos humanos, desabasto de medicamentos, económicos y democracia.

El documento identifica 25 decisiones u omisiones de la autoridad relacionadas con derechos humanos; nueve que han generado un entorno de incertidumbre para la inversión y la operación de sectores económicos del país y cinco acciones que, desde su perspectiva atentan contra el sistema democrático.

Principales decisiones y acciones de gobierno que podrían atentar contra la legalidad, según causa en Común

En contra de los derechos humanos

1. El 11 de mayo se publicó en el DOF, un acuerdo por el cual el presidente dispone de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, al amparo de la reforma constitucional sobre la materia, del 26 de marzo del 2019.

Posibles implicaciones legales: Esto podría vulnerar el artículo 5° transitorio de la reforma constitucional y la sentencia del “Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el decreto no desarrolla los parámetros que deben limitar la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública: de manera extraordinaria,regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Impacto: Dicho decreto profundiza la vocación militarista del gobierno federal, no sólo violando la Constitución y convenios internacionales, sino también colocando al país en situaciones de muy alto riesgo por lo que se refiere a respeto a los derechos humanos y a los equilibrios civiles/militares propios de una democracia.

2. El 11 de agosto, se publicó una reforma en el DOF a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permitirá la compra directa en el extranjero de medicinas. En apoyo a los ataques del gobierno federal a la industria farmacéutica nacional.      

Posibles implicaciones legales: Esto pudiera violar los artículos 4°, 28 y 134 constitucionales, porque afectaría el derecho a la salud, porque afectaría la libre concurrencia en detrimento del mercado nacional, y porque podría atentar contra la obligación de que las adquisiciones cumplan con los criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez.   

Impacto: La discriminación a favor de medicinas del exterior, afectará al sector farmacéutico nacional y a los empleos que de él dependen. Además, se presentan riesgos en cuanto a certificaciones que pueden afectar la atención médica en estos tiempos de crisis sanitaria.

En contra de la economía

3. El gobierno federal llevó a cabo el 21 y 22 de marzo una "consulta" en Mexicali para decidir si se debía o no terminar de construir la planta cervecera de "Constellation Brands".

Posibles implicaciones legales: Esto pudiera ser violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no hay fundamento legal para que una "consulta" determine una inversión. Además, se pudiera violar el artículo 133 constitucional, al afectar la supremacía de diversos tratados que debe respetar el Estado Mexicano.

Impacto: En lo que ya constituye una práctica reiterada, las mal llamadas "consultas" se normalizan como pretexto supuestamente legitimador para tomar decisiones políticas, independientemente de los costos y al margen de lo que establece la ley.

4. El 2 de abril, se publicó un decreto para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica o mandatos.

Posibles implicaciones legales: Esto pudiera vulnerar el artículo 14 constitucional, por violar la irretroactividad de la ley, respecto de las obligaciones previamente contraídas por los fideicomisos. También podría vulnerar el artículo 9° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que respecta a la suficiencia presupuestaria para su extinción y el cumplimiento de sus obligaciones.

Impacto: Además de la insuficiencia presupuestal para hacer frente a obligaciones legales, la desaparición de fideicomisos promueve la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

5. El 29 de abril y el 15 de mayo, se publicaron en el DOF dos acuerdos en materia energética y, el 10 de junio, otro más sobre tarifas de transmisión eléctrica. El primero suspende la posibilidad de hacer pruebas de conexión con la red CFE; el segundo, privilegia la venta de energía sucia por parte de la Comisión; el tercero, aumenta las tarifas en más de 800 por ciento.

Posibles implicaciones legales: Estas acciones pudieran ser violatorias de la Constitución en sus artículos 2°, 14°, 16°, 25, 26 y 28, así como de las leyes relacionadas con la industria eléctrica, la mejora regulatoria, la competencia económica y diversos instrumentos internacionales.   

Impacto: Habrá serias afectaciones en el precio que se paga por la energía eléctrica, en cuanto a la contaminación que se fomenta, y en cuanto a la discriminación flagrante en contra de inversionistas privados (añadiendo al entorno adverso a la inversión que se ha generadodurante el actual gobierno).

En contra de la democracia

6. El 22 de julio, el presidente solicitó a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, "ajustarse" a la nueva política energética.

Posibles implicaciones legales: Estas acciones pudieran ser violatorias de la Constitución en sus artículos 2°, 14°, 16°, 25, 26 y 28, así como de las leyes relacionadas con la industria eléctrica, la mejora regulatoria, la competencia económica y diversos instrumentos internacionales.

Impacto: Este tipo de mensajes forman parte de una política para debilitar y subordinar a los órganos autónomos.