El fortalecimiento del Estado de derecho es un tema pendiente en nuestro país, porque al igual que en el 2018, el desempeño institucional registró el año pasado un promedio de 0.39 en una escala en la que 1 significa un óptimo Estado de derecho y 0 es la ausencia de éste.

Ello, conforme al Índice de Estado de derecho en México 2019-2020 de la organización internacional World Justice Project (WJP), que además advierte (a través de su jefe de Investigación, Alejandro Ponce):

“Las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno”.

Entre los resultados del índice 2019-2020 existen retos persistentes en las 32 entidades del país en materia de corrupción y justicia, y un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad en la mayoría de éstas, ya que el Estado de derecho avanzó en 15 estados, bajó en 11 entidades y permaneció sin cambios en seis.

El Índice incluye ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de derecho: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil; y justicia penal. Los puntajes de estos factores reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25,000 ciudadanos en todo el país y de más de 2,600 especialistas.

El resultado más preocupante del Índice es el retroceso en el factor relacionado con el orden y la seguridad, que bajó su puntaje en 19 estados del país, como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, del incremento en la prevalencia e incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.

Los datos del Índice de Estado de derecho en México 2019–2020 también evidencian retos persistentes en el factor que mide la ausencia de corrupción —definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado—, ya que los puntajes más bajos en este rubro se registran en las percepciones de corrupción en los congresos locales.

Otro aspecto que requiere especial atención, según WJP, es el factor de justicia civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil y el factor que evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, especialmente en lo relacionado con efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos. En ambos factores, seis estados descendieron en su puntaje respecto del 2018.

Este último rubro fue el peor evaluado en todos los estados de la República. “Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian”, se lee en el reporte.

Pese a los retos, también se registraron fortalezas y avances en el Estado de derecho. Tal es el caso de los límites al poder gubernamental, que mide si los contrapesos limitan el actuar de los gobiernos estatales, en donde hubo un aumento en 26 estados (nueve de ellos, estadísticamente significativos).

El incremento en dicho puntaje fue ocasionado por cambios en las percepciones ciudadanas sobre la efectividad de los sistemas estatales para sancionar a funcionarios públicos que abusan de sus funciones y por cambios en las percepciones acerca de la libertad y transparencia en los procesos electorales.

Ningún estado llegó a la calificación máxima de Estado de derecho, y fue de nueva cuenta Yucatán (0.46) y Aguascalientes (0.45), donde se registraron las puntuaciones más altas.

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