Despojados por la violencia de sus hábitos regulares, los empresarios de Monterrey, Nuevo León, se han convertido en activistas sociales y mayor presión del gobernador Rodrigo Medina para que asuma un compromiso mayor para garantizar la seguridad.

Hay una defensa de su espacio: empresas, trabajadores, familias de los trabajadores, inversiones; hay una reacción inmediata y son más sensibles. Definitivamente han cambiado sus hábitos: tienen guardias de seguridad en las empresas y en sus casas, en sus recorridos; sus horarios, su aparición pública, se han modificado.

Los grupos empresariales han llegado a decir la famosa frase de que la gente que se vaya es cobarde y debe quedarse para arreglar el asunto, como llegó a decir el presidente del grupo Cemex, Lorenzo Zambrano. Es evidente una preocupación grave para las mismas empresas, pues se afectan no sólo sus intereses, también el entorno , explica Óscar Flores Torres, director del Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Monterrey.

Nuevo León, donde grupos delincuenciales incendiaron el Casino Royal, realizan bloqueos en las principales avenidas, hay fuga de reos y pánico en las universidades, es cuna de al menos 200 de los grupos industriales más influyentes del mundo, fuera de Estados Unidos, como Cemex, FEMSA, Alfa, Santos, Vitro, entre otras.

Roberto Garza es corredor de Bolsa en San Pedro Garza García, uno de los pocos municipios con baja delincuencia en Nuevo León, donde tienen residencia la mayoría de los empresarios, explica que las inversiones se mantienen, aunque es cada vez más recurrente la fuga de capitales, como el año pasado, cuando la empresa SuKarne invertiría en Montemorelos más de 250 millones de dólares, pero decidió trasladarse a Celaya, Guanajuato.

En este momento, cuando la violencia azota a la mayoría de los municipios neoleoneses, se conoce que el llamado Grupo de los 10 -integrado por empresarios que representan el mayor poder económico del estado- ha aportado recursos al gobierno para combate a las bandas criminales, incluso ha contratado servicios del grupo de élite israelí (Mossad) para su resguardo. Los empresarios han ofrecido inclusive resguardar a los candidatos que participarán en las elecciones de julio.

El llamado G-10 o grupo Monterrey fue iniciado por Eugenio Garza Lagüera y Adrián Sada Treviño; actualmente lo componen Lorenzo Zambrano, Federico Sada, Marcelo Canales Clariond, Eugenio Clariond, Eugenio Garza Herrera, Dionisio Garza Medina, José Antonio Fernández Carbajal y Tomás González Sada. Los más activos en el papel activo para restablecimiento de la seguridad.

Los empresarios, relata Óscar Flores, han tomado un papel más activo en la política, las universidades y los medios de comunicación para demandar acciones más enérgicas del gobierno de Medina, a quien organizaciones sociales y cámaras empresariales le exigieron su renuncia el 28 de agosto del año pasado, cuando marcharon en la capital.

Dice que los empresarios ejercen una influencia fuerte en el gobierno estatal, pues generan servicios en los sectores de comunicación, educativo, deportivo, cultural y laboral. Además, detalla, en las universidades privadas se preparan a los cuadros que invariablemente ocuparán cargos en la administración estatal. El gobernador Rodrigo Medina, menciona el catedrático, es ejemplo de ello, pues estudió en la Universidad Regiomontana, que junto con el Tecnológico y la Universidad de Monterrey concentran la matrícula del estado.

Para el catedrático, el empresariado se ha vuelto más sensible , porque los criminales han atentado directamente contra la población.

Flores, quien participa en reuniones con los empresarios para analizar la situación, afirma que los inversionistas que han tomado un papel de activistas siguen viviendo en la ciudad y generando riqueza . Sin embargo, agrega, el empresariado está claro de que el gobierno de Medina es constitucionalmente elegido y lo respetan.

Hasta ahora, la presión del grupo Monterrey ha sido una mayor exigencia al gobierno constituido para que tenga o ataque con más fuerza la situación. Hay una percepción de que el gobierno no hace o no ha querido hacer más, pero hasta donde tengo entendido en las mismas pláticas con los empresarios, en las cuales he estado, sí hay una crítica severa al gobierno estatal, pero se mantiene el respeto a las instituciones , expone.

LEGALIZAR ES LA SALIDA: SANTOS

No es un problema del Gobernador, es un problema de gobierno federal, del país. Si cambiamos de Gobernador, no vamos a solucionar nada, el origen es el mercado negro de las drogas , afirma Alberto Santos de Hoyos.

El Presidente del Grupo Santos asevera que en el estado hay una carnicería, aunque se escuche crudo, todos los días muere gente asesinada a sangre fría; esta violencia tiene una causa: el dinero de las drogas. Es un gravísimo error que cometió Estados Unidos y lo impuso al mundo:

Criminalizar las drogas en lugar de tratarlas como un problema de salud y atender a los adictos como pacientes; también criminalizar la producción, comercialización y venta de estupefacientes .

Argumenta que es urgente declarar el consumo de droga como asunto de salud pública y que se discuta desde el Congreso la despenalización del consumo, la producción y la comercialización de ciertas drogas.

En septiembre, Santos fue parte de un grupo de empresarios que publicó un desplegado argumentando la necesidad de abrir el diálogo sobre legalización de las drogas: romper el tabú y emprender una discusión abierta y fundamentada.

Es un problema nacional de política federal. Nuevo León no puede legalizar las drogas, debe ser el país; eso no quiere decir que se fomente su uso, sino establecer un control; hay experiencias en Portugal y Suiza.

Mientras exista el problema de las drogas, que generan cerca de 25,000 millones de dólares de utilidad anual (a los cárteles), no hay forma de combatirlo. Necesitamos quitarles el mercado .

jmonroy@eleconomista.com.mx