El juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal del estado de Nuevo León, ordenó la inmediata libertad del exgobernador, Rodrigo Medina, luego de permanecer unas horas en el penal de Topo Chico, al determinar que se violó el amparo federal 39/2017.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó que por incumplimiento a una suspensión provisional federal ordenada por un juez de Control, local, calificó que la prisión preventiva ordenada, queda sin efecto, apercibiendo que si el impartidor de justicia no acata la decisión federal, será sujeto a una multa .

El exgobernador Rodrigo Medina fue recluido la madrugada del jueves en el Penal de Topo Chico, después de que el un juez de Control le dictara prisión preventiva por 30 días. El exfuncionario está sujeto a proceso por tres delitos a los que fue vinculado: daño al patrimonio del estado, peculado y ejercicio indebido de funciones, aseveró Ernesto Canales, titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.

deja deuda de US61,000 millones

Rodrigo Medina de la Cruz fue gobernador del Estado de Nuevo León del 4 de octubre del 2009 al 3 de octubre del 2015. En el 2009 recibió la administración con una deuda de 27,070 millones de pesos y lo entregó, según el reporte de la Secretaría de Hacienda, con una deuda de 61,077 millones de pesos.

Sin embargo, el secretario de Finanzas y Tesorería general del estado declaró que habían recibido un gobierno quebrado con un déficit de 8,959 millones de pesos, obras inconclusas, pagos no realizados a municipios y proveedores.

El 3 de junio del 2016, el titular de la Subprocuraduría informó que tras una investigación, un juez de control decretó el aseguramiento de bienes del exgobernador Medina, así como de otros 10 funcionarios de primer nivel de la administración estatal anterior por estar relacionados con la instalación de una armadora coreana (Kia Motors) en Nuevo León.

En agosto del 2016 el fiscal Héctor Maldonado estimó que habría un quebranto para el estado de Nuevo León, por más de 3,600 millones de pesos, por el ejercicio indebido de exenciones de impuestos, subsidios a pagar a Kia Motors y adquisición de terrenos comprados por el Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, que luego fueron donados a Kia Motors.

Cabe señalar que el juez de Control determinó finalmente que el daño al patrimonio estatal es de alrededor de 3,128 millones de pesos, cuando se iba a renegociar el acuerdo entre el gobierno estatal y Kia Motors, la Secretaría de Economía y Trabajo reveló que los incentivos prometidos en infraestructura serían por 7,279.31 millones de pesos, así como incentivos fiscales por 4,242.12 millones de pesos, lo que hace un total de 11,521.43 millones de pesos.