El 23 de marzo de 1926, la Cámara de Diputados se erigió en Gran Jurado y declaró: “ha lugar a acusar al c. José G. Zuno, gobernador del estado de Jalisco”, y designó a la comisión que sostuvo las acusaciones ante el Senado.

Enemigo político de Plutarco Elías Calles, entonces presidente de la República, los senadores resolvieron destituir al jalisciense e inhabilitarlo por siete años para ocupar cargos públicos.

Es el único caso de juicio político que ha prosperado durante todo el siglo XX y lo que va del XXI.

La acusación que contra Zuno presentaron varios de sus paisanos, diputados locales, incluía la imputación de cinco delitos de carácter federal y oficial.

Ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno, por haber nulificado los poderes Legislativo y Judicial al concentrar en su persona el funcionamiento de los tres poderes del Estado e imponer su “voluntad tiránica” al orden y expulsar en masa a seis legisladores de la minoría opositora del Congreso de León.

Violación al municipio libre, a las garantías individuales, por “casos concretos de ataques a la libertad de prensa, asesinatos de campesinos, atropellos a la libertad individual y al domicilio”, a las leyes agrarias, y por rebelión contra las autoridades federales.

Respecto del último delito, la acusación consistía “en el hecho de que el señor Zuno, según se afirma, a fines de 1923, obró en complicidad con el general Enrique Estrada en el último movimiento rebelde delahuertista y ejecutó graves actos contra las fuerzas federales”.

El artículo 111 de la Constitución federal ordenaba aquellos años: “De los delitos oficiales conocerá el Senado, erigido en Gran Jurado; pero no podrá abrir la averiguación correspondiente sin previa acusación de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Senadores declarase, por mayoría de las dos terceras partes del total de sus miembros, después de oír al acusado y de practicar las diligencias que estime convenientes, que éste es culpable, quedará privado de su puesto, por virtud de tal declaración, e inhabilitado para obtener otro por el tiempo que determinare la ley”.

Los diputados federales aprobaron por 144 votos y 48 en contra que debía “abrirse la averiguación formal e incoarse (iniciar) procedimiento por la H. Cámara de Senadores, la que, después de instruir el proceso, se constituirá en Gran Jurado para pronunciar veredicto absolutorio o declarar la culpabilidad del acusado e imponerle la pena respectiva que, en todo caso, es la destitución del cargo e inhabilitación”.

Y así fue

Después de 94 años, la Cámara de Diputados podría fungir nuevamente como órgano de acusación y declarar, en el primer cuatrimestre del 2020, que “ha lugar a acusar” ante el Senado de la República a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por el presunto desvío de 7,000 millones de pesos en el caso conocido como Estafa Maestra.

A la fecha, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara Baja, responsable de determinar la procedencia o no de una demanda de juicio político, tiene pendiente resolver 129 solicitudes en la materia contra distintos funcionarios y exfuncionarios públicos, entre otros el expresidente Enrique Peña Nieto.

El rezago incluye denuncias presentadas durante los últimos 16 años; en enero pasado fueron desechados aproximadamente 300 expedientes acumulados desde el 2003.

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