Si la Cámara de Diputados aprueba la desaparición de fideicomisos, entre ellos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), las víctimas de la violencia quedarían limitadas a los apoyos que el gobierno federal quiera y desee aportar, según sus prioridades presupuestales, alertó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), así como otros colectivos y organizaciones.

“Si el FAARI desaparece y el presupuesto dedicado a la atención a las víctimas se reduce a atenderlas con fondos de tipo ordinario, se corre el riesgo de un uso discrecional del mismo, que podrá disminuir e incluso desaparecer en función de las actividades que el gobierno considere prioritarias, por ejemplo la militarización del país o la construcción de obras de infraestructura faraónica e inoperante que amenaza la vida de los territorios indígenas”, aseveró el MPJD.

La posición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es apoyada por colectivos como Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectivo Familias Unidas Por Nayarit y Familias Unidas en Busca de una Esperanza, entre otros.

“Representaría un retroceso y la suspensión de los derechos por los que las víctimas han luchado durante la reciente década”, expresó.

“Lo que el gobierno, que tiene por divisa “primero los pobres”, olvida al proponer estas reformas es que la mayoría de las víctimas enfrentan una doble pobreza: la del asesinato o desaparición de sus seres queridos y la de carecer del dinero suficiente para sostenerse mientras continúan su búsqueda de verdad y justica. Abandonarlas a su precariedad, en nombre de una falsa austeridad y de los estragos de la emergencia sanitaria, no es sólo una grave irresponsabilidad por parte del Estado, sino una traición a sus ideales”, añadió.

El Movimiento por la Paz que encabeza el escritor Javier Sicilia reprochó que la Cámara de Diputados no haya convocado a los familiares de víctimas de la delincuencia y colectivos de búsqueda de personas a escuchar sus necesidades, ante la desaparición de distintos fideicomisos y fondos que solicitó el titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo cual es analizado actualmente en Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja.

“El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que dicho dictamen pretende desaparecer, constituye un avance del Estado mexicano en la garantía de los derechos de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, porque obliga a la Cámara de Diputados a dotar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas anualmente con el 0.014% del Presupuesto de Egresos de la Federación; segundo, blinda el presupuesto de ser utilizado con fines gubernamentales o políticos”, puntualizó el MPJD.

Exigió a la Cámara abrir un diálogo público de parlamento abierto, y llevar a cabo las acciones necesarias para velar por el principio de participación conjunta en las decisiones que afectan a las víctimas.

“El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad comenzó la lucha para obtener la Ley General de Víctimas en 2011. Desde entonces, miles de familiares y de colectivos de víctimas han seguido este camino. Las modificaciones propuestas a la LGV en ningún momento se consultaron abiertamente con las víctimas; aprobarlas sin discutirlas con ellas reduce sensiblemente la posibilidad, negada constantemente por el Estado, de que algún día puedan alcanzar la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho y por la que tanto han luchado”, manifestó.

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