Los asesinatos de ciudadanos involucrados con el proceso electoral en marcha son hechos de los que se deben ocupar a las instituciones del Estado mexicano que tienen competencia en la materia, aseveró el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños.

En entrevista, explicó que cualquier asesinato, así sea sólo uno, es una situación indebida y en lo que va del proceso electoral actual ya van 93, lo cual debe llamar la atención de las autoridades.

Mencionó que el INE desconoce si los asesinatos de personas que trataban de construir una candidatura, o bien, ya eran candidatos obedecen a pugnas entre militantes, o bien, a actos en los que están involucrados grupos de la delincuencia organizada.

El consejero destacó que al INE le toca la logística de las elecciones y, hasta el momento, no ha tenido reportes que, por motivos de violencia, no se puedan realizar las elecciones en determinadas partes del territorio nacional.

 

—¿Cuál es la dimensión del problema relacionado con asesinatos y agresiones contra personas involucradas en el proceso electoral en marcha?

— Primero, hay que decir que el Instituto Nacional Electoral ha hecho múltiples llamados para pedirle a las autoridades competentes que extremen cuidado con relación a la violencia de la que están siendo objeto algunos candidatos a los cargos de elección popular. Creo que también es un hecho inédito que a estas alturas de un proceso electoral tengamos tantos atentados, como han ocurrido hasta el momento, entre políticos que ocupan cargos de elección popular y candidatos a las elecciones federales.

Este año, llevamos 93 personas que lamentablemente han sido asesinadas en el contexto del proceso electoral. Estamos hablando de que, entre septiembre del año pasado, cuando empezó el proceso, y en lo que va de este año, llevamos 93 personas que han sido lamentablemente ultimadas.

La gran mayoría responde a funcionarios de ayuntamiento. Muchos son presidentes municipales y particularmente 13 personas eran candidatos a cargos de elección popular.

Esa parte es condenable. Nosotros no compartimos la idea de la violencia y, si bien la violencia está focalizada en algunos estados del país, es un hecho que no se haya presentado en alguna elección anterior una situación de esta naturaleza.

 

—Entiendo que la concentración de los casos de agresiones se encuentra en estados como Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chihuahua. ¿Por lo que ustedes están viendo, lo que está pasando es que se están disputando puestos políticos entre militantes o simpatizantes de partido y llegan a estos extremos o se trata de grupos de delincuencia que tratan de incidir en los procesos electorales?

—No tenemos información de si los asesinatos han ocurrido por enfrentamientos directos en contra de o más bien enfrentamientos directos entre personas del crimen organizado y los candidatos.

No sabemos si los candidatos tenían alguna relación, algún vínculo con el crimen organizado, ni sabemos si corresponde a presiones de esta naturaleza. De esa parte le hemos solicitado a las autoridades competentes que la revisen y que se tomen las medidas a las que haya lugar para evitar este tipo de situaciones. 

Sería muy lamentable que el crimen organizado esté incidiendo directamente en las campañas y, sobre todo, esté atentando contra la integridad física de los candidatos, pero, repito, el Instituto Nacional Electoral, por razones de la información y de las atribuciones que ejerce en materia electoral, no tiene esa información con ese nivel de detalle.

Esperaremos a que las autoridades informen si esto está vinculado con el crimen organizado o corresponde a otro tipo de situaciones por las cuales han terminado asesinadas algunas personas. 

—¿Han identificado regiones del país donde sea necesario tener cuidado a la hora de hacer proselitismo con los ciudadanos?

—Nosotros tenemos a nuestro cargo la logística de las elecciones, entre ella la instalación de las casillas. Hemos visitado todas las secciones del país y no hemos encontrado situaciones vinculadas a violencia que nos impida la instalación de las casillas.

Hay algunos puntos en los cuales no se ha permitido entrar a instalar casillas, pero se debe a situaciones de grupos étnicos, de grupos indígenas que tienen demandas sociales frente a las autoridades que hasta ahora no han sido atendidas.

Eso es lo que ha impedido que no podamos integrar algunas casillas. Hasta el momento, eso ha ocurrido en puntos muy claros del estado de Chiapas.

En Michoacán, hay un municipio que también tiene problemas que son más o menos graves y tenemos una situación también en Chihuahua, pero, insisto, no somos quienes establecemos los focos rojos por la inseguridad pública, esa parte la tienen otras autoridades del país con su responsabilidad central.

La información que nosotros vamos teniendo se la pasamos directamente a la Secretaría de Gobernación para que se tomen las medidas que correspondan.

 

—¿Cómo son los protocolos para decidir a quién se le debe otorgar seguridad para hacer campaña de proselitismo?

—En primer lugar, para los candidatos presidenciales lo único que necesitan hacer es presentar la solicitud. Hasta ahora, lo han hecho Margarita Zavala y José Antonio Meade y en ambos casos la solicitud se remitió a la Secretaría de Gobernación y es a través del Estado Mayor Presidencial como se brinda la seguridad.

En los demás casos, son otras instancias del Estado quienes atienden estas peticiones. Por ejemplo, el candidato al gobierno de Morelos Cuauhtémoc Blanco también le pidió la instituto protección y, en este caso, la Secretaría de Gobernación consideró que debería ser la Policía Federal quien se encargue de la custodia.

Es así como se está trabajando, se decide el mecanismo de protección dependiendo de las condiciones del candidato, del cargo por el que está postulado, del contexto en el cual está desahogando la campaña, pero ese análisis lo hace directamente la Secretaría de Gobernación y es quien decide si se otorga o no la seguridad.

Hasta la semana pasada, traíamos 18 solicitudes presentadas, de las cuales todas fueron turnadas a la Secretaría de Gobernación en términos de los protocolos que hemos fijado con ellos de manera directa como instituto.

 

—Hay algunos candidatos que no han querido tener protección. ¿En esos casos no caen en algún tipo de irresponsabilidad, tratándose de alguien que quiere competir por la Presidencia?

—Son los candidatos quienes de manera libre deciden, junto con sus equipos de campaña, si solicitan o no la custodia de efectivos del Estado mexicano. No tenemos atribuciones para imponerle a un candidato, pero también creo que, habida cuenta del contexto en el que estamos viviendo, sí es un acto de responsabilidad frente al país que los candidatos, particularmente los presidenciales y los candidatos a gobernador, tengan la prudencia de solicitar la custodia correspondiente.

 

—Este año hay varias elecciones concurrentes, razón por la cual hay muchos más cargos en juego que en años anteriores y eso puede explicar el incremento de casos de violencia contra políticos, pero dado el número de eventos, ¿es algo que debe preocuparnos como sociedad?

—Cualquier asesinato que ocurra, así sea sólo uno, es una situación indebida y es un tema del que deben ocuparse las instituciones del Estado mexicano que tienen competencia en esta materia.

No es deseable que ocurra una situación de asesinato, así sea una sola persona. Aquí estamos ya en 93 casos en este proceso electoral, tanto de servidores públicos como de candidatos a diversos cargos y sí es un tema que debe llamar la atención de las autoridades mexicanas hoy día.

 

Marco Baños Martínez

• Nació el 13 de junio de 1964 en Pachuca, Hidalgo.

• Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

 

Se ha desempeñado como:

• Jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.

• Fue designado consejero electoral el 3 de abril del 2014.

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