De Gómez Urrutia a Gordillo, un abogado de poderosos en desgracia

Guadalajara, Jal. Desde hace 20 años, el abogado penalista Marco Antonio del Toro Carazo ha tramitado causas difíciles y se ha convertido en uno de los litigantes más caros de Jalisco y del país.

De origen costarricense, pariente del expresidente de ese país Rodrigo Carazo Odio y casado con Mónica Caviedes, el trabajo de Carazo del Toro es comparado con el de su par Juan Velázquez.

En sus despachos ubicados en zonas exclusivas tanto de Guadalajara como en la colonia Country Club, en la ciudad de México, trabaja un equipo de 11 abogados.

Entre los defendidos por Del Toro Carazo -con la cédula profesional 2056773- se cuentan varios actores políticos tanto locales, como el exsubprocurador Víctor Arvizu o el actual gobernador Aristóteles Sandoval; connacionales como el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, además de La Maestra.

El poder económico del litigante es importante. Una de las fiestas más comentadas en la localidad fue cuando su hija, Fernanda del Toro Caviedes cumplió 15 años y lo festejó en el exclusivo salón Bellaterra, con cerca de 900 invitados.

Cercano a César Nava, exsecretario particular de Calderón, en el 2002, Del Toro Carazo obtuvo uno de los éxitos profesionales y económicos cuando fue nombrado como Coadyuvante de la PGR por el caso del llamado Pemexgate.

A raíz de esta representación otorgada por el propio Nava, quien era el representante legal de la paraestatal al litigante, éste logró ganar aproximadamente 3 millones de dólares. Otro de los asuntos en el que trabajó el costarricense fue en la representación legal del exsubprocurador Víctor Arvizu, quien en el 2007 acusó al entonces procurador Tomás Coronado Olmos por corrupción de menores, tema a que a la larga ganó el funcionario estatal.

En el 2011, Del Toro Carazo tuvo bastante presencia en los medios al tomar la defensa de la familia Pérez González, quienes invirtieron una fuerte cantidad de dinero en una sofom denominada Rym Capital, propiedad Raúl Yaqui Mario Corona Acosta, que defraudó a mas de 100 personas por un monto de 500 millones de pesos. En ese mismo año, el abogado costarricense representó al hoy gobernador Aristóteles Sandoval, a la sazón presidente municipal de Guadalajara, y varios de sus colaboradores. Ellos habían sido acusados por la empresa española Equipamiento Urbano de México porque alegaba que se les había retirado la exclusividad.

En su momento trascendió que el litigante cobraba por esta defensa contra delitos tales como presunto desacato, abuso de autoridad, así como desvío y aprovechamiento indebido de facultades, 100,000 pesos mensuales.

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