La criminalización de la mujer por interrumpir de manera ilegal su embarazo aún es común en México y va al alza.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año se abrieron 154 carpetas de investigación por aborto en el país, cifra que equivale a un aumento de 29.4% con respecto del año pasado, cuando en el mismo periodo se generaron 119 carpetas de investigación.

La Ciudad de México, pese a que es la única entidad en la que está despenalizada la interrupción del embarazo por voluntad de la mujer, se ubica en el primer lugar a nivel nacional como la entidad con el mayor número de averiguaciones por aborto, con 38.

En segundo lugar, se ubicó el Estado de México, en donde se abrieron, en el primer trimestre del 2019, un total de 32 carpetas de investigación por el mismo ilícito; en tercer, cuarto y quinto lugares se ubicaron los estados de Nuevo León, Tamaulipas e Hidalgo con 17, 12 y cinco carpetas de investigación abiertas respectivamente, según las cifras vertidas por el secretariado y reportadas por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país.

En total, en el primer trimestre de este año, se abrieron carpetas por aborto en 21 estados.

Según el Consejo Nacional de Población, mediante respuesta a la solicitud de información con folio 04160000009318, hasta septiembre del año pasado las 32 entidades del país autorizaban el aborto cuando el producto se haya concebido tras una violación.

“En 29 entidades se permite cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre; en 10 cuando el embarazo constituye un riesgo severo a la salud de la mujer; en 13 estados cuando se presentan casos de malformaciones congénitas, y en 11 cuando el aborto es producto de una inseminación artificial no consentida.

“En el estado de Yucatán por razones económicas, y en Ciudad de México se pueden realizar abortos solamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación”, precisó.

Presos en penales

A nivel federal también se persigue el aborto. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República entregados a un ciudadano vía transparencia en el oficio FGR/UTAG/DG/002409/2019, correspondiente a la solicitud 0001700100319, entre el 2014 y hasta febrero pasado, se abrieron dos carpetas de investigación por aborto bajo la causal del artículo 330 del Código Penal Federal.

En el artículo 330 se indica que “al que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión”.

En tanto que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”, según el artículo 332 del Código Penal.

Datos del Secretariado entregados a un ciudadano bajo la solicitud de información con folio 2210300052418, con corte hasta el 30 de junio del año pasado, indican que había 13 internos de sexo masculino en el Centro Federal de Readaptación Social 1 del Altiplano, clasificado como de máxima seguridad.

En tanto había otros tres presos, también del sexo masculino, por el delito de aborto: dos en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial y uno en el Centro Federal número 6 de Oriente.

Por otra parte, según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entre el 2001 y hasta febrero pasado, había 25 mujeres a las que se les formularon acusaciones por el delito de aborto tipificado en el Código Penal Federal.

Había también hasta febrero pasado 14 causas penales abiertas contra mujeres por abortar, en juzgados federales y había una sentencia contra una mujer en el mismo periodo, según informó el CJF a través del oficio CJF/SECNO/DGEJ/J/2160/2019.

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