La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó en contra de la decisión del Congreso de Baja California de reformar su Constitución para ampliar el mandato en esa entidad de dos a cinco años, que ejercería el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.

El pleno de esa soberanía también exhortó al Gobierno de Baja California y a los ayuntamientos a dejar sin efecto el decreto número 112 de reforma a la Constitución local, que se aprobó el 8 de julio pasado.

 

Las consideraciones del acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente señalan que dicho acto vulnera el principio de no aplicación retroactiva de la ley, trasgrede el principio de certeza electoral, y violenta el principio de no reelección de gobernantes.

La reforma planteada aumenta el periodo de encargo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez dos a cinco años, justificado en la consideración de que la Constitución federal sólo establece la previsión de que los mandatarios de las entidades federativas no podrán durar en el cargo más de seis años.

En el documento se refiere que la reforma aprobada por el Congreso estatal ha sido avalada por tres de los cinco ayuntamientos de esa entidad.

Además, en el texto avalado por el Pleno de la Permanente, se indica que existen diversas posiciones coincidentes que señalan que esa reforma es violatoria de los principios constitucionales de certeza jurídica, definitividad de los actos electorales, así como de contravenir el pacto federal.

Al solicitar que se aprobara continuar con la sesión después de cuatro horas de haber iniciado, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, informó a la asamblea sobre el acuerdo de que la Comisión Permanente formuló un pronunciamiento con respecto al caso de Baja California.

En los posicionamientos la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que su grupo confía en que ese punto de acuerdo contribuya a que regrese la razón y la prudencia política a Baja California.

Su homóloga del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano subrayó que lo realizado por el Congreso de Baja California es la antítesis de la democracia.

"Es a todas luces ilegal, inconstitucional y antidemocrático", dijo e instó a no permitir que suceda porque, en su opinión, es un peligro no sólo para esa entidad sino para el país.

El diputado Raúl Bonifaz Moedano, de Morena, recordó que ampliar el mandato del gobernador de esa entidad va contra el pacto federal, por lo que esta fracción parlamentaria hizo un exhorto de prudencia y sensatez, además señaló que de presentarse una controversia constitucional su partido lo respaldaría.

Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Carlos Alberto Puente Salas adelantó que ese instituto político impulsará una acción de inconstitucionalidad en caso de que se publique y entre en vigor la reforma.

Además promoverá un juicio político a los legisladores locales y a los magistrados el Tribunal Electoral del estado, además de la posibilidad de desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales.

María Rosete Sánchez, diputada de Encuentro Social, agregó que la aprobación de ese decreto, además de "una aberración jurídica con la anuencia del gobernador", es un fraude electoral porque los ciudadanos votaron por un encargo de dos años.

A su vez la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Partido del Trabajo (PT), añadió que esa "sucia maniobra" aumenta la desconfianza ciudadana hacia los legisladores, pues podrían suponer que se puedan cambiar las reglas del juego en cualquier momento y a su conveniencia, ignorando la voluntad del electorado.

El senador Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que la reforma aprobada por la XXII Legislatura de Baja California atenta contra el Estado derecho, la legitimidad e integridad del proceso electoral y de las instituciones democráticas.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado indicó que no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California; significa una violación a diversos principios constitucionales y "apostar por una regresión autoritaria".