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Código Penal único garantizaría respeto a DH
La existencia de un Código Procesal Penal Único para todo el país fortalecerá el Estado de Derecho ya que con esta estructura se garantizaría el respeto inherente a los derechos humanos, aseguró Juan Silva Meza, quien instó la creación de dicho proceso.

La existencia de un Código Procesal Penal Único para todo el país fortalecerá el Estado de Derecho ya que con esta estructura se garantizaría el respeto inherente a los derechos humanos, aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, quien instó la creación de dicho proceso.
Al participar en el Simposio sobre el Código Penal Único de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió: La existencia de 78 legislaciones en materia penal en el sistema jurídico mexicano ha permitido advertir las inconsistencias e incluso la dispersión en el establecimiento de los tipos penales, de su punición, de su integración normativa, objetiva y subjetiva, la delimitación de los principios, sujetos y figuras procesales, de las modalidades y gravedad de los delitos, y como consecuencia, la generación de criterios jurisprudenciales contradictorios, entre otras advertencias que denotan la falta de homogeneidad legislativa .
El Ministro recordó que actualmente existen 33 códigos penales y procesales que corresponden, uno a la Federación, 31 de ellos de las entidades federativas y uno del Distrito Federal, que regulan tanto el derecho sustantivo como el procesal penal. Indicó que con el inicio de vigencia del sistema procesal penal acusatorio en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, se suman 12 legislaciones procesales. Por ello dijo que el logro de una codificación única no es ociosa, por el contrario, ha ido congregando con el paso del tiempo razones de gran peso que logran justificar su necesidad, sobre todo, en el caso particular de México .
La dispersión de las codificaciones penales trae en consecuencia la aplicación de normas opuestas, destacó el Ministro.
Sumado a la disparidad de marcos punitivos o penas aplicables, la actual situación de disparidad genera un ambiente de desigualdad e inseguridad jurídica para las personas sujetas a proceso, a quienes por hechos tipificados de similar forma por leyes diversas, les corresponderán penalidades también distintas, en mayor o menor medida.
ana.langner@eleconomista.mx